Una veintena de los 57 diputados destituidos por la corte electoral logró hoy ingresar al Congreso de Ecuador tras sostener empujones con la Policí­a, que desde el jueves mantiene acordonado el Legislativo para impedir el ingreso de los parlamentarios cesados.

Los congresistas eludieron el control policial externo y accedieron hasta unas gradas que desembocan en una puerta de acceso a la sede legislativa, sitio en el que fueron interceptados por uniformados que en principio bloquearon su paso.

En medio de forcejeos, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos -quien no figura entre los destituidos-, ordenó por teléfono a la Escolta Legislativa que permita el ingreso de los parlamentarios hasta el hemiciclo, en el cual luego apareció el parlamentario Hugo Romero casi desmayado.

Entre versiones confusas, los diputados opositores sostienen que Romero, del Prian -principal bloque con 28 de los 100 curules-, fue golpeado por los uniformados, mientras que un policí­a sostuvo que aquél se lanzó desde un piso superior para entrar al hemiciclo.

El área médica del Legislativo informó que Romero presenta un trauma en la columna vertebral posiblemente por una caí­da, pero que su estado de salud permanece estable. El congresista fue inmovilizado y trasladado en una ambulancia a un sanatorio.

El cesado Edison Chávez, vicepresidente del Congreso (dominado por la oposición), también recibió atención médica al sufrir los efectos de gas lacrimógeno que la Policí­a lanzó en las afueras de la sede legislativa al registrarse nuevos roces, según la coalición de derecha que hace mayorí­a.

Cevallos convocó a los diputados a una sesión para hoy, con miras a analizar la crisis polí­tica generada por un enfrentamiento entre el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el proceso de una Constituyente, que impulsa el presidente socialista Rafael Correa para que redacte una nueva Carta Magna.

El 6 de marzo la mayorí­a opositora resolvió «sustituir» al titular del TSE, Jorge Acosta, por convocar para el 15 de abril una consulta popular que definirá la instalación de la Constituyente con plenos poderes con un estatuto propuesto por Correa y que no fuera aprobado por el Congreso.

En represalia, el organismo presidido por Acosta -el cual se considera la máxima autoridad en tiempo electoral- decidió al siguiente dí­a destituir a los 57 diputados que lo «sustituyeron» y presentaron una demanda contra la convocatoria a plebiscito ante el Tribunal Constitucional (TC), que admitió dar trámite a la impugnación.

Mientras el gobierno de Correa apoya la resolución del TSE, por lo que la Policí­a impedí­a la entrada de los parlamentarios cesados al hemiciclo, Cevallos pidió el pasado viernes al TC que dirima la competencia del Legislativo y la corte electoral de cara a que la situación quede a fojas cero y surja una salida a la crisis polí­tica.

El TSE mantiene indeclinable su resolución, al tiempo que la mayorí­a opositora del Parlamento que fue cesada pretende que los diputados sean restituidos y quede anulada la «sustitución» de Acosta.