Hay una economía del crimen, en este sentido: quien delinque busca un beneficio; pero ese beneficio tiene un costo. Ese costo es el castigo que la sociedad impone. Quien se propone delinquir compara, de alguna manera, el costo y el beneficio de delinquir; y si cree que el beneficio es mayor que el costo, puede estar dispuesto a delinquir. Esa valoración del costo y el beneficio de delinquir es subjetiva; y entonces puede variar en función de la individualidad de cada ser humano.
Quien delinque puede estar dispuesto a pagar el costo de delinquir; pero se esforzará por no pagarlo. Se esforzará, por ejemplo, por no ser capturado. Si es capturado se esforzará por no ser condenado. Si es condenado se esforzará por lograr la condena más generosa. Si es condenado a prisión, se esforzará por escapar. El ideal de quien delinque es la impunidad, o exención del costo de delinquir. Precisamente la impunidad incrementa en grado máximo el beneficio que se obtiene del acto delictivo.
El costo que la sociedad, por medio del castigo que la ley penal ordena, le asigna a un acto delictivo, no necesariamente es, empero, el mismo costo que le asigna quien delinque. La sociedad puede, por ejemplo, asignarle al delito de robar un asno, un costo que equivale a un mes de prisión; pero quien roba el asno puede asignarle un costo inferior al beneficio, e intercambiará el robo del asno por un mes de prisión. Quien le asigne, a ese mismo delito, un costo superior al beneficio, no robará asnos. Con otras palabras: delinquir puede ser más beneficioso que costoso para un ser humano pero no para otro, precisamente porque el valor del costo y del beneficio de delinquir es subjetivo.
Precisamente porque el valor del costo y del beneficio de delinquir es subjetivo, es imposible que el costo que la sociedad le impone a quien delinque, pueda evitar que se cometan delitos. Lo evitaría si fuera posible que todos los seres humanos le adjudicarán el mismo valor al costo y al beneficio de delinquir, y si fuera posible un costo que, para cualquier ser humano, necesariamente fuera mayor que el beneficio. Empero, no es posible esa igualdad de valor ni ese costo.
Debe ser castigado el delito, no necesariamente porque el castigo evita que se cometan delitos, sino porque hay que imponerle un costo a quien delinque, independientemente de su subjetiva valoración sobre el costo y el beneficio de delinquir. Quizá, entonces, la sociedad que promulga leyes penales que reducen el costo de delinquir, aumenta la demanda de delincuencia, porque incrementa el beneficio de delinquir. Inversamente, la sociedad que promulga leyes penales que aumentan el costo de delinquir, reduce la demanda de delincuencia. Por ejemplo, una sociedad que impone cinco años de prisión por el delito de secuestro, demanda más secuestros que una sociedad que impone cincuenta años de prisión por ese mismo delito.
Un incremento del costo de delinquir puede reducir la demanda de delincuencia si hay certeza de castigo. Si no la hay, no importa la mayor o la menor severidad de la ley penal. Es tan importante la certeza de castigo, que la ley penal menos severa puede contribuir más a reducir la demanda de delincuente, que la ley penal más severa si no hay tal certeza.
Post scriptum. En un país que puede jactarse de ser la sede predilecta de la impunidad, puede ser más importante procurar la certeza de castigo que multiplicar absurdamente las leyes penales.