No hay estadísticas confiables en Guatemala. A esa fácil conclusión llegamos cuando vemos que las autoridades no aparecen por ninguna parte a la hora de un accidente de tránsito. No es un secreto para nadie. En el mejor de los casos, los protagonistas de tantos accidentes que ocurren en nuestras calles y carreteras se apartan, discuten y finalmente llegan a un «arreglo» beneficioso para ambos. Pero ¿quién ignora que la mayoría de veces el causante del accidente se pone «las de hule», aunque dejara a sus víctimas tiradas en el camino? Los mejores servidores públicos, los bomberos, llegan y de inmediato las trasladan al centro hospitalario más cercano sin que los «guardianes del orden» sean capaces de siquiera ir a tomar nota, detenerse, investigar y registrar lo ocurrido.
Lo descrito no es nada nuevo. Ocurre desde hace rato. De ahí que los chapines, no caídos del tapanco, sonriamos al escuchar a los más altos funcionarios del gobierno decir rimbombantemente que los índices de la delincuencia del país hayan podido bajar en determinado período de tiempo. ¿Cómo pueden decir tal cosa, cuando todos sabemos bien que hay miles de incidentes, accidentes o hechos delictivos que no se registran y que lo mejor es no decir nada al respecto si no quiere que su hígado explote? Ejemplos abundan, pero bien vale contar unos cuantos. Hace un par de semanas dos niñas de 15 años, al salir del colegio, se fueron a un Centro Comercial de moda en la zona 10 de la ciudad capital. Por el histerismo causado por la violencia empleada para secuestrarlas evitaron que se consumara el delito, sin embargo, cada quien perdió su reloj, teléfono celular y el dinero con todo y monedero. ¿Hubo alguna autoridad que haya registrado el hecho, mucho menos padres que confiando en el MP hayan ido a presentar la denuncia respectiva? Conozco un caso, ocurrido hace tan solo ocho días, en que la sirvienta de una casa de la zona 11 salió corriendo despavorida para su terruño dejando a los esposos trabajadores de tiempo completo sin quién pudiera cuidarla, asearla, como preparar los alimentos que al día siguiente se llevan en su lonchera. ¿La causa? Recibió un llamado telefónico en que un marero de la 18 amenazaba a su patrón para que pagara de inmediato 10 mil quetzales. También me consta que una ancianita, con su sirvienta a la par, temblaban del pánico ocasionado por un miembro de la Salvatrucha que exigía a la patrona pagar 5 mil quetzales mensuales a partir de la fecha ¿Alguien cree que estos hechos delictivos forman parte de los registros? que, como ya dije, rimbombantemente anuncian quienes solo se enteran por quienes dizque los asesoran y ¿cuándo se van a enterar, si más viven en el extranjero o en el satélite terrestre?