Con fecha primero de noviembre, la reconocida firma financiera Standard & Poor´s dio a conocer su calificación periódica sobre Guatemala y reitera muchos de los enfoques que ha hecho en el pasado respecto al tema fiscal y las condiciones estructurales de nuestra economía que nos dificultan tanto el avance hacia mayor desarrollo. Certifica, eso sí, que el país mantiene una calificación aceptable como resultado de largos años de mantener una disciplina fiscal adecuada que es, hoy por hoy, el mayor valor que ofrece Guatemala a la hora de un análisis de la cuestión financiera.
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Reiteran los analistas de la empresa que es una división de McGraw-Hill Companies que la debilidad fiscal de Guatemala significa uno de los lastres más pesados porque limita la capacidad para invertir en desarrollo social y apunta cómo en los informes de Desarrollo Humano nuestro país se encuentra en posición lamentable, lo mismo que destaca el retroceso que hemos tenido en cuanto a la percepción de corrupción de acuerdo al informe de Transparencia Internacional.
Pero en un punto crucial para el país, como puede ser la necesaria reforma del Estado y la aprobación de leyes que sirvan de instrumento para luchar contra el crimen organizado y los grupos paralelos, los analistas de la firma dicen que toda idea de reforma quedará pospuesta porque el año entrante el Congreso estará marcado por la contienda electoral y no hay posibilidades de que el gobierno de Colom pueda avanzar con una agenda legislativa importante. De hecho, según la firma la capacidad del gobierno quedó maltrecha desde el asesinato de Rosenberg que, a su juicio, creó daños irreparables en la capacidad de maniobra política del régimen.
El tema de la agenda legislativa paralizada por la cuestión electoral es algo que resulta desalentador porque es obvio que hay cuestiones sometidas al conocimiento del Congreso cuya aprobación es urgente y absolutamente necesaria. Tenemos que reconocer que la fragilidad del Estado guatemalteco es un aliciente para que en nuestro territorio sienten reales los más tenebrosos poderes que ven en el vacío institucional de poder la facilidad para expandir sus operaciones criminales sin temor a que puedan ser objeto de la aplicación de la ley, puesto que es muy fácil establecer alianzas con los grupos paralelos que se encargaron de cooptar a instituciones como las fuerza de seguridad y el aparato de justicia.
Por ello es que resultan vitales instrumentos de ley como la de Extinción de Dominio y la de Enriquecimiento Ilícito porque permitirían combatir con eficacia las distintas manifestaciones criminales vinculadas con la corrupción y la compra de voluntades dentro del sector público. Ciertamente uno debe entender que hay un enorme grado de dificultad en aprobar esas normas porque muchos sectores que realizan actividades «lícitas» terminan concretando actos ilegales sea para incrementar sus ganancias o para evadir sus impuestos. Por ello es que al final de cuentas hay una especie de tormenta perfecta porque se unen tanto los intereses más turbios del crimen organizado con los intereses más nebulosos de quienes se creen empresarios respetables pero que no vacilan en simular negocios o dar mordidas con tal de obtener mayores ganancias.
Los guatemaltecos tenemos que entender que esa peligrosa colusión de ambos intereses será la sepultura no sólo de la institucionalidad sino que aún de muchas empresas que se han acostumbrado a lucrar con la corrupción, pero que no tendrán capacidad para competir con los lavadores de dinero y los grandes capos que pasarán sobre ellos y sobre cualquier otro grupo con tal de consolidar su señorío y dominio sobre Guatemala.