Los líderes de la UE, presionados por Berlín, accedieron hoy a estudiar un cambio limitado del Tratado de Lisboa (TL), para incluir la creación de un fondo permanente de ayuda a los países insolventes de la Eurozona, pese al riesgo de reabrir un delicado proceso de ratificaciones nacionales.
Reunidos en cumbre en Bruselas, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron «invitar» al presidente europeo, Herman Van Rompuy, a «iniciar consultas» entre los Estados en vistas a modificar de forma «limitada» el texto fundamental del bloque, anunció el propio dirigente.
Los 27 habían acordado previamente la necesidad de establecer un fondo permanente que apoyara a los países insolventes de la zona euro, después de que la crisis de la deuda griega amagara este año con contagiarse a otros países fuertemente endeudados, como Portugal y España.
Pero Alemania, apoyada por Francia, había condicionado la creación de ese mecanismo, que por ahora existe para un periodo de tres años, hasta 2013, a que se incluyera en una reforma del Tratado de Lisboa, puesto que en su estado actual el texto prohíbe a todo Estado miembro ser rescatado por sus socios europeos.
La locomotora alemana, primer contribuyente de ese mecanismo de una capacidad total de financiación de hasta 750 mil millones de euros, defendía que su Tribunal Constitucional podía impedirle aprobar su creación en virtud de esa disposición del Tratado de Lisboa.
Después de horas de «profundas y duras» negociaciones, como las calificó la canciller alemana Angela Merkel, ésta convenció a sus socios de la necesidad de esa reforma, pese al poco entusiasmo que despierta la idea de volver a ratificar un texto que necesitó diez años de dolorosas negociaciones y que sólo lleva en vigor once meses.
Los 27 retomarán la cuestión en su próxima cumbre de mediados de diciembre con el objetivo de que «toda modificación pueda ser ratificada» por cada uno de los países miembros «como muy tarde a mediados de 2013», explicó Van Rompuy.
«Si Alemania nos dice que para lograr (crear ese fondo) necesitamos cambiar el tratado, estamos abiertos a la discusión», había avanzado el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, sumándose a una postura también expresada por varios países como España, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Grecia.
Aunque cualquier modificación requerirá una aprobación de los 27, sus dirigentes confían en que si se lleva a cabo sea con un carácter tan limitado que se evite pasar por referendos en los Estados de la UE.
«Propondré modificar el tratado, pero de forma limitada y preferentemente, si es posible, empleando un procedimiento rápido. No se trata de abrir el Tratado de Lisboa», explicó Van Rompuy, al término del primer día de esta cumbre que se cierra el viernes.
Los europeos guardan fresca en la memoria el «no» de los irlandeses en una primera consulta popular y las pegas que puso República Checa, por lo que saben «de antemano» que cualquier nuevo proceso podría levantar un obstáculo inesperado, indicaron fuentes diplomáticas.
El eje franco-alemán logró además que sus socios apoyaran la idea de que Van Rompuy examine la posibilidad de establecer sanciones políticas a los países que excedan los límites de deuda y déficits públicos, retirándoles el derecho de voto en las reuniones europeas.
Paralelamente, los 27 adoptaron un ambicioso paquete de medidas para reforzar la disciplina presupuestaria y sacar lecciones de la crisis originada este año en Grecia.
El plan prevé acentuar la vigilancia de las políticas económicas de los países europeos, así como de sus presupuestos nacionales, y para los Estados que se excedan en los límites de endeudamiento público, se reforzarán las sanciones económicas, con un bloqueo de depósitos bancarios.
Estas, por primera vez, podrán tener además carácter preventivo, es decir, aplicarse a los países que vayan camino de superar un déficit del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda del 60%, los topes fijados en la UE.