Si me atengo al contenido de despachos de agencias internacionales de noticias, el próximo viernes 5 de noviembre el gobierno de Estados Unidos será sometido a una revisión acerca de su respeto a los derechos fundamentales del ser humano, al realizarse el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
  Cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas creó en 2006 el Consejo de Derechos Humanos, le concedió el mecanismo del EPU, con la misión de evaluar cada cuatro años la vigencia de esas garantías en todos los países miembros de la ONU.
  Desde 1976 -precisa la información al respecto de la agencia IPS- Estados Unidos juzga cada año, de propia voluntad y bajo la óptica de su Departamento de Estado, la situación de los derechos humanos en alrededor de 190 países del mundo, mediante un informe que abarca aproximadamente 5 mil páginas, que cosecha réplicas airadas de varios de los gobiernos examinados.
  Esta vez, los papeles se trastocarán en Ginebra, porque Washington será objeto de un minucioso examen en torno a su procedimiento en la violación de los derechos humanos en todo el territorio de la gran potencia, incluyendo el trato que reciben los inmigrantes y, sobre todo, los originarios de otros países, generalmente de Centroamérica, México y Ecuador, que radican ilegalmente en territorio norteamericano, abarcando a los hijos de éstos, a los que se les niega o se les pretende negar educación y asistencia médica.
  Después de haberse realizado, previamente a la cita en Ginebra el 5 de noviembre próximo, ocho sesiones y análisis de la conducta de casi dos tercios de los estados miembros de las Naciones Unidas, el funcionamiento del EPU merece opiniones discordantes. Al entregar su informe al Consejo, el 20 de agosto anterior, Washington se declaró «orgulloso de su historial en derechos humanos y del papel desempeñado por el país (Estados Unidos) en el progreso de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo»
   Pero representantes de la Red de Derechos Humanos en Estados Unidos que está integrada por más de 300 organizaciones de derechos humanos y justicia social, no está de acuerdo con esa afirmación, y la coordinadora de la EPU, Sara Paoletti, profesora de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, subrayó que el examen de Estados Unidos en el Consejo «representa la oportunidad única para plantear la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales» en esa nación. Washington firmó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que busca garantizar a la población sus derechos a la educación, la vivienda y la igualdad de oportunidades y los beneficios sociales en condiciones de igualdad.
  Sin embargo -advierte el despacho del periodista Gustavo Capdevila, de IPS- en Estados Unidos los estudiantes de familias negras, de inmigrantes y de bajos recursos asisten en mayor proporción a las escuelas de bajo presupuesto, contribuyendo de esa manera a ampliar las disparidades educativas y de oportunidades. Además, los salarios vigentes en la actividad agrícola se encuentran estancados desde hace 30 años, remuneraciones que no alcanzan para mantener dignamente a las familias de los jornaleros, mayoritariamente hispanos, además de que los patrones someten a abusos físicos y verbales y a acoso sexual a las mujeres. «Aunque parezca imposible, es una esclavitud moderna», precisó el vocero de una coalición de trabajadores.
  Veremos cuál es la conclusión de la EPU en Ginebra.
  (El inmigrante Romualdo Tisshudo acude a la clínica de un urólogo de Ohio para hacerse la vasectomía. El galeno le dice que es una decisión muy seria y si consultó con su esposa e hijos. El ilegal repone: -Ya lo hice; votaron 17 a 2).