La necesidad de instrumentos legales para enfrentar flagelos como el crimen organizado, narcotráfico y corrupción, al final todos íntimamente ligados, se ha vuelto evidente con el debate sobre las leyes de enriquecimiento ilícito y extinción de dominio, porque es obvio que al carecer de esas normas los delincuentes pueden gozar de la más absoluta impunidad porque no sólo no se les puede tipificar delito por amasar fortunas ilegales, sino que se les garantiza que pueden gozar de los bienes mal habidos.
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El problema se vuelve más grave porque de alguna manera las personas y empresas honorables recurren a mecanismos comerciales que, buscando disminuir la cantidad de impuestos a pagar, se basan en simulaciones que impiden establecer el origen absolutamente lícito de sus propiedades y por ello es que hay tantísimo temor a que se apruebe una ley que pueda afectar el dominio sobre activos que fueron adquiridos sin la necesaria transparencia, aunque no existan vínculos con el crimen organizado.
Para mucha gente es más cómodo mantener la situación como está sin meterse a honduras que puedan tener consecuencias o que nos obliguen a cambiar los procedimientos que ahora permiten evadir el pago de impuestos. Aunque no se crea, en el fondo buena parte del debate sobre la extinción de dominio se da porque no se quiere romper con ese modelo.
Es momento de que los guatemaltecos decidamos qué país queremos y que nos comprometamos a realizar cambios que no sólo van dirigidos a combatir actividades criminales sino también esas prácticas incorrectas en la actividad comercial. Por supuesto que eso nos obligaría a pagar más impuestos y la reacción obligada es que mientras haya tanta corrupción el dinero de los contribuyentes siempre para en manos de los pícaros, pero justamente nuestra resistencia a aceptar las nuevas leyes es lo que facilita y alienta la corrupción.
Un país más desarrollado, con más seguridad y en el que prevalezca la igualdad ante la ley para terminar con el enriquecimiento ilícito y despojar a los sinvergí¼enzas de bienes mal habidos tiene que construirse con el aporte de todos los ciudadanos y eso significa no sólo compromiso sino también una actitud más responsable a la hora de pagar nuestros impuestos.
Por algún lado tenemos que romper el círculo verdaderamente vicioso que nos agobia. La corrupción es un lastre, pero al fin de cuentas también es el pretexto ideal para mantener la resistencia a cualquier reforma fiscal y sirve para justificar que se adquieran propiedades simulando negocios para reducir el monto de los impuestos a tributar. La eterna excusa es que la evasión se vale porque hay corrupción, pero resulta que cuando se plantean acciones que van en contra de prácticas corruptas y de las fortunas que se amasan ilegalmente por esa vía o por acciones del crimen organizado, la sociedad «honorable» cierra filas con los pícaros para objetar los cambios porque, como he dicho muchas veces, al fin de cuentas la corrupción es un juego cómodo para muchos. No sólo porque en la misma participan hechores y consentidores, sino también porque es el pretexto ideal para justificar la resistencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Cambiar a Guatemala no es tarea fácil y nos tomará mucho tiempo y demandará sacrificios. Abandonar las posturas cómodas que nos han llevado al abismo en que nos encontramos es obligado para ganar la batalla a los grupos que se benefician de la debilidad institucional que provoca esa mezcla deleznable de corrupción con ausencia de valores cívicos entre la población del país.