La iniciativa de ley de extinción de dominio (LED) se encuentra inmersa en un proceso decisivo para su aprobación: después de discutirse en talleres y audiencias públicas, el diputado ponente de la normativa, Mariano Rayo, considera que cuenta con los 80 votos necesarios para que se apruebe en el Pleno, aunque aún está por verse la disposición y voluntad política del sector privado organizado y el Congreso para dar con su voto un duro golpe al crimen organizado y al narcotráfico.
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El camino para la aprobación de la LED ha estado lleno serie de una serie de dificultades que hasta ahora han sido sorteadas por los ponentes del proyecto, al punto que ya superó la tercera lectura y sólo falta definir la fecha de la próxima sesión parlamentaria para su aprobación por artículos y redacción final.
Sin embargo, todavía hace falta que se realice una última audiencia pública con el sector privado organizado, al que se explicará, con detalles, los beneficios que implicaría para el Estado tomar posesión de los bienes y activos obtenidos por particulares de forma ilícita, como lo propone la iniciativa.
La reunión será fundamental, pues en ella los empresarios realizarán las últimas observaciones, que según Rayo, serán revisadas junto con las opiniones recabadas en reuniones anteriores, para hacer las enmiendas y modificaciones que se consideren necesarias en el proyecto.
Sin embargo, el legislador confía en que la propuesta contará con el respaldo de la sociedad y prevé que ya se cuenta con más de los 80 votos que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley por la vía ordinaria.
«La sociedad civil y otros más han identificado lo correcto, importante y necesario que es esta ley, sobretodo los últimos acontecimientos han evidenciado la urgencia de extinción de dominio», recalcó.
Pero la confianza que ahora prevalece sobre la aprobación de la LED difiere en gran medida de la situación en que se encontraba la iniciativa meses atrás, cuando, incluso, se desarrollaba una campaña negra contra la propuesta.
Rayo explica que «había mucho desconocimiento, prejuicio y una campaña en contra. Las audiencias y decenas de reuniones que hemos tenido han servido para aclarar el contenido», aunque ahora hay «una firme voluntad de aprobación».
ANíLISIS JURíDICO
Especialistas en Derecho coinciden en que la LED es una normativa importante en materia de seguridad y justicia, aunque existen diferencias en algunos aspectos de la propuesta formulada por Rayo.
Anabella Morfín, integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), indica que es necesario establecer que la Constitución protege la propiedad privada, pero «no tendría que protegerse la propiedad adquirida por medios ilícitos o recursos provenientes de actividades ilícitas»
«La ley es positiva a partir de que va encaminada a delimitar el poder económico del crimen organizado. Lo que nos preocupa es que se esté haciendo referencia a números de artículos y no a delitos concretos de la normativa, en donde se debe decir categóricamente en qué caso será aplicada esa ley», dice la experta.
Morfín insiste en que actualmente no se dice a qué delitos se refieren y la lectura se hace por varios artículos, como resultado de esta práctica han incluido delitos que no están vinculados con el crimen organizado y han obviado otros que están encaminados a combatir la corrupción.
Entre los delitos que se han quedado fuera están, según la experta, el cohecho activo, cohecho pasivo y el peculado, «que sí deberían estar incluidos porque hay muchos funcionarios que se han enriquecido con recursos del Estado» y con eso «están protegiendo a funcionarios».
También refiere la jurista que sí hay funcionarios que han obtenido ilícitamente recursos del Estado, «lo lógico es que se les aplique la ley de extinción de dominio para que el Estado recupere lo que es suyo».
En este aspecto los expertos refieren que la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito podría cubrir los aspectos descritos por Morfín, en cuanto a la corrupción que involucra a funcionarios de Estado.
La iniciativa contra el enriquecimiento cuenta con el dictamen favorable de la comisión legislativa de Legislación y Puntos Constitucionales, pero ante la falta de voluntad política se encuentra entrampada en el Congreso desde diciembre de 2008.
LEY NECESARIA
Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), apoya la aprobación de la ley
«Es un complemento básico que necesita el Estado para decomisar los bienes del crimen organizado y la criminalidad organizada, por lo tanto nos parece una muy buena ley», afirmó.
«Es una buena ley, la condición política está limitada por otros intereses. Lo que he visto es una serie de temores a partir que es una ley que puede intervenir, sobre las propiedades y los bienes adquiridos ilícitamente, lo que pasa que nuestro país parece que es una práctica muy común que la riqueza sea obtenida de manera ilícita», lamentó Asturias.
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, recomendó que «lo único que hay que dejar claro es que no se pueda abusar de ella, expropiando a personas honestas. Eso es todo lo que tiene que tener la ley».
Mencos definió que hay que dejar claro quién la va a manejar y mantener los candados que tiene, pero también dijo que es necesario incluir los delitos que incluyen a los funcionarios públicos, porque «toda la gente honrada puede justificar el dinero que tiene».
«Como puede ganar dinero: por factura, por recibo de salario, por herencia, pero siempre hay un título», afirmó el analista, quien enfatizó en la necesidad de incluir a los funcionarios dentro de las responsabilidades en la ley.
La diputada Nineth Montenegro, presidenta de la comisión Legislativa de Reformas al Sector Justicia lamentó que la iniciativa original tenga «muchísimas modificaciones y ya no es la propuesta original».
La legisladora dijo que actualmente había observado cómo se está tratando de escuchar a diversos sectores de la sociedad civil y a personas vinculadas con seguridad y justicia, pero también enfatizó en la necesidad de resaltar que hay más de 56 millones de quetzales confiscados al narcotráfico.
«Le quitaron dientes a la ley, al quitar el Enriquecimiento Ilícito, (…) ésta hubiera sido una solución inicial para evitar el enriquecimiento ilícito de funcionario o privados», lamentó la parlamentaria.
En cuanto al resto de la iniciativa, Montenegro dijo que la dejaría como está actualmente, pero le restituiría las formas de enriquecimiento anómalo, desmesurado y abrupto de funcionarios públicos e instituciones privadas.
Sandino Asturias
Centro de Estudios de Guatemala
La Hora: ¿En qué consiste la iniciativa de ley de extinción de dominio?
Mariano Rayo: – Arrebatarle ante un mecanismo legal, innovador, novedoso y autónomo el patrimonio de los bienes que haya adquirido el crimen organizado, en particular las actividades ilícitas de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y extorsiones y que estos bienes pasen a poder del Estado y que el Estado decida qué hacer con ellos.
LH: ¿Cuál es la diferencia entre la extinción de dominio y las figuras de comiso, la confiscación y la expropiación?
MR: – La confiscación está prohibida tácitamente por la Constitución Política de la República de Guatemala, así que no es confiscación. Segundo, no es expropiación porque no estamos hablando aquí de un procedimiento de quitarle bienes bien habidos o legítimamente adquiridos a las personas mediante un mecanismo que la misma Constitución de la República y la Ley específica establecen. El comiso de bienes básicamente se diferencia al contemplado en el Código Penal, porque no tiene que esperar la sentencia firme hacia una persona declarada culpable del catálogo de delitos establecidos en la ley de extinción de dominio.
LH: De ser aprobada la ley ¿cómo se aplicaría?
MR: – Se puede aplicar para aquellos bienes que fueron utilizados o que pretendan ser utilizados para cometer algunos de los delitos contemplados en la ley, o bien al identificarlos que alguien los tiene en posesión, los tiene en testaferro o cualquier forma de dominio o propiedad, y se determine que el dinero con el que se adquirieron estos bienes provienen de un hecho delictivo, como los del catálogo de delitos de la ley, entonces el Estado puede recupéralos y utilizarlos.
LH: ¿Qué beneficios representaría para el sistema de seguridad y justicia, y para el Estado?
MR: – Básicamente es una medida disuasiva y también ejecutiva, para que todo ese patrimonio criminal que se ha venido acumulando por parte de los delincuentes y del crimen organizado se les pueda quitar sin que necesariamente tenga que haber una sentencia de culpabilidad, que ese es uno de los problemas que tiene. Es un procedimiento autónomo, independiente, de carácter patrimonial y real y que es muy novedoso en cuanto al debido proceso establecido en la ley.
LH: ¿Porqué razón se dice que la ley atenta contra la propiedad privada?
MR: – En absoluto, el artículo 39 de la Constitución que regula la propiedad privada efectivamente hay una garantía de propiedad a todos los guatemaltecos en el país, sin embargo, dice claramente que la libre disposición de los bienes se hará conforme a la ley, y esta ley es la que regula la libre disposición.
LH: ¿A qué obedece el rechazo sin fundamento a ese proyecto de ley?
MR: – En muchos de los casos es porque no lo han leído o estudiado; en otros casos porque es tan novedoso o innovador que causa un poco de incomprensión en su contenido y por supuesto hay fuerzas delincuenciales o criminales que están actuando en contra de la ley.
LH: ¿Usted cree que los grupos de poder están reaccionando contra la iniciativa?
MR:- Los grupos de poder oscuro criminal sí, los legítimos no. Los legítimos básicamente han estado solicitando información, ampliación, explicación del contenido de la ley.
LH: ¿Cómo cree que están reaccionando los que están fuera de marco?
MR: – No es un tema fácil, lo que se ha vivido desde el inicio… yo hago mi trabajo convencido que es lo correcto.