En muchos análisis atender y reducir la corrupción y la pobreza son actividades que se consideran como premisas para resolver la inseguridad que genera el crimen organizado, y con ello se invalida el papel que juega la coerción y el uso legítimo de la fuerza pública. Esto parte de un planteamiento cierto: el problema de la seguridad requiere planes integrales que atiendan todas las aristas del asunto, desde la utilización de la fuerza del Estado, hasta la atención de los temas sociales que intervienen en la seguridad. Sin embargo, en una condición como la que empieza a vivir el país, si se pone de antemano resolver la pobreza y la corrupción como precondiciones para tener un entorno seguro se tendrá que aceptar que la situación no tiene remedio alguno, ya que se pone la meta de resolver la pobreza como camino para mejorar la seguridad que en este momento es el problema más importante para los ciudadanos. En seguridad la dosis de prevención y represión en un plan depende de la situación. Establecer por definición que lo que uno debe privar sobre lo otro es un error que parte de visiones ideológicas de la seguridad en la cual se dice que las derechas priorizan reprimir y las izquierdas prevenir.
Diputado Unionista
No hay una relación territorial o social entre pobreza y crimen organizado. El crimen organizado en general, pero el narcotráfico en particular, son delitos de la codicia que recluta pobres, pero dependen de las ventajas geográficas que proporcionan los territorios para sus actividades criminales. Buscan controlar espacios estratégicos de ventaja para su «negocio». Cada actividad criminal goza de una sofisticación evolutiva en espacio y tiempo. Además, no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad.
Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro, igual si se compara a la India con Estados Unidos o analizar cómo el enorme gasto social de Venezuela va de la mano con el agravamiento de la inseguridad para los más pobres en ese país.
De manera adicional, la naturaleza de la corrupción, y la que genera el crimen organizado son totalmente distintas, la primera puede abrir la puerta a la segunda, pero la corrupción no supone el riesgo de violencia y muerte, que sí está presente con la corrupción vinculada al crimen organizado.
La regla de «plata o plomo» que siempre termina en «plomo o plomo» parte de los tres principios de acción del crimen organizado: violencia, crimen y muerte. Un corrupto quiere enriquecerse, pero no morirse. Es evidente que la cultura de la corrupción resulta útil al crimen organizado, pero no puede pensarse que la corrupción y la dinámica de cooptación, control, violencia y muerte que imponen los delincuentes son la misma cosa, puesto que responden a lógicas completamente distintas. Es ingenuo pretender que para mejorar la seguridad en el corto plazo se necesita primero una reconstrucción ética que acabe completamente con la corrupción.
El debate principal es ¿por dónde se comienza frente a la emergencia? No se puede enfrentar al crimen organizado en zonas que éste domina con planes asistencialistas y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas tomadas por los mareros y narcos. En primera instancia se necesita la recuperación del control por parte de las fuerzas del Estado, es decir, romper el poder intimidatorio del crimen organizado, este es el problema y ello coloca a la coerción como la prioridad.
Un grave daño provoca las teorías conspirativas sobre el crimen organizado que no consideran el contexto ni la historia, sino información casi siempre fruto de la especulación. Los argumentos simplistas son fáciles de creer y difundir aunque no tengan fundamento racional. El narcotráfico, por ejemplo, suele surgir de las actividades de contrabandistas de clase media baja con poca educación, que construyen sus organizaciones a partir de grupos familiares como forma de asegurarse lealtades, y reclutan socialmente hacia abajo. Sus organizaciones tienen la violencia y la muerte como forma de dirimir todo tipo de conflictos (personales, de mercado, familiares y territoriales), porque sus actividades no tienen marco legal y, por lo tanto, no pueden usar los tribunales y las leyes. Los castigos extremos y las muertes ejemplares son sus únicos instrumentos de «justicia». Cuando se fortalecen financieramente se expanden socialmente y entonces comienzan a intimidar, someter o utilizar a funcionarios públicos y/o empresarios. Primero cooptan policías hasta que le quitan al Estado el poder coercitivo y luego van sobre el sistema judicial, la prensa, los poderes económicos y políticos.
En ese proceso terminan colocándose arriba de la pirámide social y siendo ellos el poder, pero teniendo la violencia y la muerte como medios de ejercerlo. Así ocurrió en Colombia, en Chicago en los años treinta, en Italia durante décadas, y en México, y empieza a evidenciarse en Guatemala.