Transparencia Internacional publicó su informe sobre el índice de percepción de corrupción y en el mismo se nota que Guatemala tuvo un retroceso que la sacó de la lista de los que están en posición «regular» para caer en los que presentan una «mala» percepción. Ciertamente no se trata de un estudio que de manera categórica certifique que un país es corrupto o transparente, porque como su nombre lo indica, mide la percepción y por supuesto que en ese sentido tiene que haber profunda discrepancia entre la opinión del gobierno y la opinión de los sectores consultados por la entidad mundial y su agencia en Guatemala, Acción Ciudadana.
El gobierno, por ejemplo, sostiene que los fondos sociales han sido exhaustivamente auditados y que son totalmente transparentes, pero la población tiene un enfoque distinto, no sólo porque hubo necesidad de acudir a la Corte de Constitucionalidad para lograr algunos datos, sino que se tuvo que destituir a un ministro de Estado precisamente por negarse a proporcionar la información.
El Vicepresidente está convencido de que durante este gobierno se han hecho los mayores avances para lograr la transparencia, pero no dice nada de que se mantiene sin modificación la práctica más corrupta de todas, es decir, la de contratar por la vía de ONG, de entidades internacionales y de Fideicomisos, con la intención manifiesta de evadir los controles que pueda realizar la Contraloría de Cuentas de la Nación.
No es secreto, tampoco, que hay tráfico de influencias y pago de favores a los financistas de campaña que en este período no sólo han recibido beneficios, sino que son los encargados de repartirlos porque tienen el control absoluto de todo el manejo financiero del Estado.
Aunque la Constitución prohíba que contratistas del Estado sean Ministros o Viceministros, se mantiene a quien fue nombrado cuando era representante legal de una constructora con el cinismo del «sí… Â¿y qué?».
Por supuesto que las percepciones varían y hay distintos raseros para medir la corrupción misma. Los trinquetes que hacen empresarios de provincia, emergentes y con vínculos o no con crimen organizado, reciben atención de los medios, mientras que los trinquetes que hacen los empresarios tradicionales que no tienen sentido ético para rechazar contratos mal habidos, no son objeto de escrutinio por aquello de que entre bomberos no se machucan la manguera.
Pero lo que nadie puede negar es que el sistema sigue diseñado y sigue funcionando para alentar la corrupción, para beneficiar la mordida y el tráfico de influencias. Por ello no quieren ley de enriquecimiento ilícito ni de extinción de dominio y las mismas se entrampan con la complicidad de diputados que sienten que pueden labrar la estaca en que los siente. Y eso sí que no son percepciones.