Francisco José Valdés Paiz, empresario señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, criticó severamente a Carlos Castresana, ex titular de la CICIG y Pedro Díaz, jefe de Investigaciones de la misma entidad
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La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal amparó provisionalmente a Francisco y su hermano Estuardo Valdés Paiz, y dejó en suspenso la resolución del juzgado Décimo de Primera Instancia que agregó el delito de asesinato a los sindicados.
«El señor Pedro Díaz es el que ha hecho que nosotros estemos aquí hoy, él es el que tiene que responder ante la justicia de Guatemala igual que el doctor Castresana, no allá huyendo porque me querían matar», fueron las primeras palabras de Francisco Valdés al salir de la suspendida audiencia de apertura a juicio contra él y su hermano.
Según el empresario, Castresana hizo con él y su hermano un acuerdo a cambio de entregarse a la justicia y uno de los puntos fue resguardarlos en la cárcel de Matamoros, donde actualmente permanecen.
«Habían otras cosas, pero una era que nos iba a cambiar el delito, pero no el de asesinato», expresó el empresario refiriéndose al acuerdo que habría hecho con el ex comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«El señor Pedro Díaz, es el jefe de investigación de la CICIG y sigue estando ahí el cobarde», declaró posteriormente Valdés, y añadió que aceptaron el convenio con la Comisión Internacional debido a que estaban amenazando a sus esposas y a sus colaboradores, entre ellos Juan Fuxet, Diego Moreno y Rodolfo Ibarra.
Diego ílvarez, portavoz de la CICIG, declaró ante los señalamientos: «es que es normal, no nos causa extrañeza que cuando los acusados ven que las pruebas son contundentes hacen su comentarios contra el ente acusador».
La audiencia de apertura a juicio contra los Valdés fue suspendida tras el amparo provisional que les otorgó la Sala Segunda de Apelaciones, el cual deja en suspenso la resolución del recurso de reposición que emitió Verónica Galicia, contralora de la investigación.
El argumento de la Sala fue que la resolución de Galicia violaba los derechos de los procesados ya que debió resolver antes las partes y no en el modo en el que lo hizo.
Anteriormente, la Sala Primera denegó a los hermanos Valdés Paiz un amparo presentado en contra del fallo de la jueza décima, el cual agregaba a los procesados el delito de asesinato por su presunta implicación intelectual en la muerte de Rosenberg, luego que la CICIG acreditara que los mencionados habían participado en la planificación del crimen.