Cuando fue resuelto por el Congreso de la República, de urgencia nacional, que el indulto a los condenados a la pena de muerte era responsabilidad del Presidente, y se fijó el 15 de enero de 2012 como la fecha en que cobrará vigencia esta medida anacrónica, varias bancadas mostraron su regocijo ante lo que denominaron «una respuesta a la población, que exige a gritos la implementación de la pena capital».

Luego que los disparos se trasladaron de los barrios más pobres y marginales de la ciudad al pleno centro de la Zona Viva, en la zona 10, también ha cobrado fuerza la discusión sobre la necesidad de aprobar la iniciativa de ley antimaras y otra normativa, emanada del Partido Unionista, que intenta conducir a cuarteles militares a los niños que han cometido algún delito para recibir educación cí­vico-militar.

Es evidente que la transmisión de los hechos de violencia ha generado tal psicosis, que varios de los polí­ticos han tomado la bandera de la seguridad desde una actitud irresponsable y peligrosa para la construcción de una verdadera democracia.

Han convertido a la violencia en un buen negocio. En principio, cuando se debilitaron e infiltraron las instituciones de seguridad y justicia por grupos altamente organizados durante las dictaduras militares, se impulsó la creación de un ejército paralelo, todo un pelotón de policí­as privados que intimidan en los buses de transporte público y en cualquier comercio, gracias al uniforme y al arma que portan.

El armamento también ha sido un producto accesible. No fue después de una tormentosa negociación que les llevó años, cuando los diputados decidieron aprobar una modificación a la Ley de Armas y Municiones. Aun con todo esto, portar un arma al cincho es demasiado fácil en nuestro paí­s. En este negocio, los que más ganan son los armeros, los comerciantes de pistolas y de balas que se hacen un poco más ricos con cada detonación.

Es evidente que para las próximas elecciones predominará un discurso que ofrecerá combatir y compartir violencia. Este discurso de terror ya se ha instalado a través de la pena de muerte y de otras medidas que nos alejan cada dí­a al anhelo de la construcción de una sociedad en paz.

Frente a este discurso, a partir de hoy y hasta el jueves, se realizará la II Conferencia Internacional por una Vida Integral «Voz joven, es hora de hablar», que busca generar un espacio de discusión intergeneracional, en donde la violencia será un tema central, pero bajo otra perspectiva.

«Los cambios en los marcos jurí­dicos demuestran que la propuesta de mano dura sigue ocupando un espacio privilegiado en las polí­ticas gubernamentales, siempre con un fuerte respaldo de los Estados Unidos, bajo la doctrina de seguridad hemisférica previamente mencionada. Los cambios también cuentan con un significativo respaldo local en medios de comunicación y en la opinión pública. Está claro que el proceso de democratización no supo resolver muchos de los problemas de la región, principalmente porque no fue capaz de generar respuestas a la precariedad socio-económica que enfrenta una gran parte de la población centroamericana. La inserción desfavorable de los paí­ses centroamericanos a la globalización hizo más aguda la desigualdad interna y masificó los procesos migratorios. Los tratados de libre comercio no dieron lugar ni siquiera a las llamadas medidas compensatorias. La situación de pobreza ha tendido a endurecerse y agravarse», señala un documento difundido por los organizadores de esta actividad.

Ante esta nueva embestida de los partidarios del terror, es necesario alzar la voz por la búsqueda de soluciones que nos permitan la paz. ¿O nos vamos todos al cuartel? ¿Nos matamos entre todos?