En Ciudad Juárez, la urbe con mayor número de homicidios de México, salir a la calle es jugarse la vida, eso lo sabe bien Agustín Meza, camarógrafo de un canal local de noticias que a través de su cámara ha registrado un sinfín de imágenes sangrientas.
«Ya tengo más de 20 años haciendo este trabajo, es mi pasión, y pues tengo que seguirlo. No puedo yo, como persona quedarme callado sobre lo que está pasando», dice Meza.
La guerra contra las drogas en México ha convertido al país en el más peligroso del continente para los reporteros: al menos 11 periodistas han sido asesinados este año, según Reporteros Sin Fronteras.
El caso más reciente fue el de Luis Carlos Santiago, fotógrafo de El Diario de Juárez, asesinado el 16 de septiembre en esta ciudad de 1,2 millones de habitantes y vecina a la estadounidense El Paso (Texas).
«Nosotros somos periodistas y no hacemos más que nuestro trabajo. No le hacemos nada a nadie. Nuestro trabajo es informar», dice Meza.
En Ciudad Juárez, cubrir un reportaje a menudo significa estar en la escena de un crimen, y eso le da a los criminales la posibilidad de identificar a quién hace un informe.
Los periodistas sufren amenazas prácticamente a diario en Ciudad Juárez. Es una de las formas de los cárteles de demostrar su poder: controlar la información y castigar quienes no obedecen.
Un informe divulgado a comienzos de septiembre por el Comité Internacional de Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York, señaló que la cobertura sobre la violencia en México es dictada cada vez más por las mafias, que imponen la disyuntiva de «silencio o muerte».
El reporte recuerda que más del 90% de los crímenes contra la prensa siguen impunes y reclama medidas urgentes para «crear un ambiente en el que los periodistas puedan cumplir con su trabajo con un cierto grado de seguridad».
Con 68 periodistas asesinados en México desde 2000, la impunidad hace que muchos reporteros exijan mayor protección del gobierno.
«Se sienten solos, desprotegidos, y hay muchas razones para eso: son asesinados, amenazados, secuestrados. Y esos casos, en su gran mayoría, no se investigan, muy pocas personas son procesadas. Es muy fácil matar a un periodista mexicano y escapar», dijo a la AFP Mike O»Connor, del CPJ en México.
El asesinato de Santiago, el fotógrafo de El Diario de Juárez, generó una ola de indignación que los periodistas de ese periódico expresaron con un editorial en el que pidieron una tregua al narcotráfico en sus ataques a los periodistas.
Pocos días después el presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno trabajaba en un plan de medidas de protección para los periodistas, incluyendo la determinación de que los crímenes contra reporteros queden bajo la jurisdicción de la policía federal, considerada menos corrupta que las fuerzas locales.
«La agresión de los criminales a los comunicadores es inaceptable, y es una razón más para establecer políticas específicas de protección a periodistas», dijo entonces Calderón.
Mientras se establecen estas medidas de protección, los periodistas en las zonas en riesgo siguen haciendo su trabajo. Minutos antes de terminar su turno, Meza recibe otra llamada. «Voy en camino», contesta.
Poco después, y armado sólo con su cámara, está en la escena de un nuevo asesinato. La víctima: un hombre de 23 años que se suma a la lista de las muertes relacionadas con las drogas, que en Ciudad Juárez, sólo este año, ronda las 2.500.
Miles de adictos a las drogas viven en las sombras de Ciudad Juárez, la urbe con mayor número de homicidios de México, atemorizados por las bandas y desamparados por las autoridades.
«Ahora entran a cualquier casa y nos matan. Nosotros no cerramos esta ventana para al menos intentar huir por el tejado», razona Carla en el interior de una casa usada como «picadero» en el céntrico Barrio Alto, plagado de comercios abandonados.
Un equipo de la AFP recorrió varios de los cientos de estos lugares donde se consume droga clandestinamente en grupo, en esta ciudad fronteriza considerada habitualmente como un enclave del paso de droga hacia Estados Unidos, pero que se ha convertido también en un centro de consumo.
Según el gobierno en Ciudad Juárez hay más de 5.000 heroinómanos, la mayor comunidad de adictos a esa droga en América Latina.
Muchos «picaderos» son visibles, como el remolque que Ricardo tiene instalado junto a una fábrica que le emplea como vigilante.
A esta caravana acuden personas en pleno día a inyectarse, a veces con la ayuda de Ana, otra adicta y la única persona a quien Ricardo permite vivir allí.
«Hay que ser discretos y no entrar en el círculo del tráfico de drogas. Yo no vendo, para eso hay que pedir permiso a las pandillas. Y aún sin vender se ha puesto muy peligroso», dice apresuradamente Ricardo, quien asegura no cobra a los visitantes pero sí les pide una cooperación.
En sintonía con la explicación de las autoridades, el vigilante relata que el origen de la devastadora ola de asesinatos -unos 6.500 en tres años- fue la irrupción del cártel de Sinaloa para arrebatar «con todo lo que dé» en Ciudad Juárez a las pandillas ya instaladas que operan para el cártel de Juárez.
Pero revela que también entre esas bandas, principalmente Los Aztecas y La Línea, en ocasiones hay conflictos si alguien se salta el acuerdo de que cada una venda en solitario determinadas drogas.
El recorrido se hace en compañía de activistas que visitan a diario los «picaderos» para cambiar jeringas usadas por nuevas y, cuando no reúnen las suficientes, para capacitar en la limpieza de las que van a ser reutilizadas.
Junto a Carla, Javier asegura que varios conocidos suyos y únicamente adictos han aparecido asesinados en los últimos meses por motivos que desconoce.
Ambos viven o sobreviven limpiando vidrios de autos en las calles, pero expertos denuncian que muchos se ven abocados al robo y otros crímenes para alimentar su adicción.
El presidente Felipe Calderón ha afirmado que la guerra de cárteles en Ciudad Juárez está motivada, además de la disputa de las rutas para internar droga a Estados Unidos, en buena medida también por el afán de esas organizaciones por apoderarse del creciente mercado local.
Ante este desafío, activistas y profesionales de la salud creen que el gobierno no se ha implicado como lo hizo con el imponente despliegue de miles de fuerzas de seguridad.
«Ha prometido la ayuda y movilización de recursos pero seguimos esperándolos», dijo a la AFP José Antonio Rivera, director del público pero autónomo Centro de Integración Juvenil.
Apenas está abriendo sus puertas la primera clínica pública de desintoxicación en Ciudad Juárez, con 30 camas de capacidad. Hasta ahora los adictos que se decidían a afrontar este tratamiento debían acudir a la veintena de centros privadas que lo ofrecen, algunas con fondos públicos.
Pero estos centros, la mitad de ellos de carácter religioso, también están en el punto de mira de los narcotraficantes que han asaltado al menos tres de ellos en el último año para cometer masacres que han dejado al menos 47 muertos.
Estas masacres, pero en general los imparables asesinatos a cualquier hora, en cualquier lugar y casi siempre impunes, son los que tienen en vilo a toda la población pero especialmente a quienes se relacionan de una forma u otra con el submundo de las drogas.
«Tengo a mis tres hijos con mi madre y hace cinco meses que no los veo», revela Carla. «Pero de vez en cuando me doy cuenta que mi madre me está observando mientras estoy lavando coches en la calle. Dice que en esta situación, para ella es suficiente con saber que estoy con vida».