Controlar la campaña anticipada resulta muy difícil porque los políticos, por naturaleza, aprovechan cualquier momento y espacio para figurar. Eso es parte de su propia actividad y sobre todo cuando se tiene la posibilidad de aparecer en los espacios informativos en representación del Presidente de la República, ya sea dando patadas inaugurales en cualquier evento o repartiendo dinero o beneficios que provienen del erario.
Por eso y porque en un país con tan escasa cultura política como Guatemala sería deseable que los partidos tuvieran una presencia permanente en la vida nacional, opinando y formando corrientes de opinión, creemos que lo más importante en la regulación de la actividad política debiera ser el control del dinero que usan para las distintas formas de propaganda y proselitismo, puesto que lo que ha hipotecado la democracia en nuestros países es precisamente el tráfico de influencias que arranca con el mismo compromiso que tienen que hacer los políticos con quienes aportan dinero para financiar las campañas.
Buena parte de ese dinero, hasta ahora, ha salido de empresarios que buscan beneficios a cambio de la apuesta. De esa cuenta se generan contratos que persiguen proveer al Estado de bienes y servicios en proceso que tienen dedicatoria para ayudar a los que pusieron sus huevos en canasta ganadora. Pero cada vez es más preocupante la presencia del narcotráfico y del crimen organizado en las organizaciones políticas, no sólo en el nivel local donde es mucho más fácil ejercer control sobre las autoridades, sino también a nivel nacional como se ha visto en los últimos años con la participación hasta descarada de grupos de narcotraficantes o de quienes controlan el contrabando en las aduanas del país.
Si el tráfico de influencias a favor de empresas contratistas o proveedoras de bienes es terrible y ha significado el saqueo del país, el compromiso que se hace con los grupos clandestinos del poder oculto es fatal para la democracia, porque está visto que al final de cuentas esos grupos cooptan a las instituciones y las ponen a su servicio para garantizar su más absoluta impunidad.
Nadie va a impedir que el Presidente delegue en su esposa las apariciones públicas para ganar prosélitos a la causa de lo que es una auténtica reelección, como tampoco van a impedir que un candidato opositor aproveche cualquier espacio para decir lo que se le ocurra a fin de mantener presencia en los medios. Pero impedir que el dinero sucio, tanto de los criminales como de los empresarios corruptos, llegue a las arcas de los partidos o que éstos usen los recursos públicos es una obligación y una necesidad que no se puede seguir postergando. Esa debe ser la meta clara y precisa del TSE.