Aquellos acontecimientos que parecieran irrepetibles, debido a las fuertes crí­ticas y a los devastadores efectos en la administración de un alto organismo del Estado tuvieron lugar una vez más en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues a un año de su gestión los magistrados volvieron a dividirse en dos grupos que mantienen una pugna por la Presidencia de esa instancia, atrás de la que hay intereses particulares y polí­ticos.

Intento tras intento, los grupos no lograron alcanzar un acuerdo para elegir al Presidente del Organismo Judicial (OJ) por lo que la CSJ permanece acéfala, al tiempo que pierde legitimidad ante la ciudadaní­a, opinan analistas.

Tal como se evidenció plenamente en el último año de la anterior gestión, la división volvió a darse entre un grupo de seis y otro de siete; cada uno con sus propios argumentos y propuestas para la elección de Presidente de ese algo organismo del Estado.

El grupo mayoritario está conformado por: í‰rick ílvarez, ex presidente y ahora interino en la presidencia del OJ; José Arturo Sierra, Mynor Franco, Héctor Maldonado, Luis Alberto Pineda, Gustavo Bonilla y Thelma Aldana, potencial candidata a dirigir la CSJ.

El grupo minoritario está integrado por Gabriel Medrano, César Barrientos, Edwin Gómez Méndez, Rogelio Sarceño, Gustavo Mendizábal y Luis Archila, quien también es candidato a la presidencia de ese organismo.

El primero considera inapropiado que la Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público continúe siendo presidida, como ha sucedido hasta ahora, por Barrientos; en tanto que el minoritario considera que este magistrado deberí­a continuar acompañando a la instancia.

Ante esa clara división en la CSJ surge una duda: ¿qué hay detrás de la división de grupos y de las posturas irreconciliables dentro del organismo a cargo de administrar la justicia en el paí­s?

PLATO FUERTE

Carmen Aí­da Ibarra, representante del movimiento Pro Justicia, describe claramente una lista de los factores que están en medio del juego de poder que se ha gestado en la CSJ, tras la división de grupos y la falta de consenso para elegir al presidente.

Ibarra considera que el «plato fuerte» de la presidencia del OJ para el próximo perí­odo es que tendrán que emitirse resoluciones respecto a las candidaturas de las elecciones generales, además de fallos en asuntos judiciales, como amparos, con «í­ntima» relación la transparencia en el uso de los fondos del Estado.

«Es el próximo año cuando se va determinar la legalidad o ilegalidad de las candidaturas presidenciales, los procesos penales que se interpongan contra unos y otros partidos polí­ticos; es decir que a los magistrados les toca avalar o no candidaturas, determinar si son o no viables», comenta la analista.

Pero la lista continúa, pues la entrevistada añade que también está en juego la elección de un magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad y concluye que también inciden la presidencia de la Comisión de Postulación, como un acto que está llegando a su fase más importante y el control de algunas plazas administrativas.

«Concluirá la Comisión de Postulación para Fiscal General, pero queda todo lo que viene en 2011 en la CC y los asuntos propios del OJ en materia de candidaturas y el control para impulsar ciertos procesos penales; hay muchas situaciones y por eso es que quien presida la CSJ debe ser intachable», considera Ibarra.

LESIí“N ABSOLUTA

Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), ve con suma preocupación la división de grupos en el OJ y llama a la «cordura» de los magistrados y a que prevalezcan intereses colegiados y no personales.

«Como se ha visto por ejemplo, el actual presidente (ílvarez) se receta aumentos sin consensuarlos y eso origina planes unipersonales, es decir que no son planes colegiados, nadie que esté integrando la CSJ puede estar satisfecho con ese tipo de formas de administración», expuso Balsells.

El analista opina que el hecho que los magistrados les es difí­cil llegar a un consenso para que uno de ellos obtenga los nueve votos para ser electo como presidente, afecta gravemente la administración de ese organismo.

«Aquí­ no se trata del control de las plazas, sino del poder mismo. La ausencia de un plan de todos en el tema administrativo es lo más grave, como lo es creer que en un año se va arreglar la Corte en cuanto a lo administrativo; aquí­ es cuestión de tener un plan interanual», comenta el entrevistado.

Finalmente, Balsells señala que la división de dos grupos lesiona el sistema de justicia «desde el momento en que ílvarez continúa en la presidencia», ya que ha demostrado que no logra consensos en las resoluciones que dicta, se pierde tiempo en la búsqueda de consenso y se destinan menos recursos a lo jurisdiccional.

MAGISTRADOS

Algunos de los magistrados de la CSJ respondieron a las interrogantes que surgen a partir de la división de grupos y la falta de consenso para elegir al presidente de ese organismo.

Luis Arturo Archila, candidato por el grupo minoritario, respondió: «Nuestra presencia en este evento es de orden eminentemente programática, no estamos obedeciendo a ninguna influencia externa sino exclusivamente lo que tenemos es la convicción que es necesario conveniente y urgente cambiar la imagen del OJ y la Corte».

Archila cree «conveniente y urgente» poner a la administración del OJ al servicio de la función jurisdiccional, ya que han encontrado «una macrocefalia en lo administrativo y por el otro lado una serie de deficiencias en los tribunales de toda la república», añade.

El magistrado Gabriel Medrano afirma que «no existe absolutamente ninguna pugna como ustedes (los medios de información) lo plantean, estamos en un proceso de elección del presidente del OJ y de la CSJ y en cualquier cuerpo colegiado pueden haber distintas preferencias que no implican precisamente una pugna, ya que nuestro objetivo es cuestión de principios y que los principios éticos prevalezcan en este órgano».

Medrano agrega que la división de grupos se debe a que existen convicciones diferentes sobre la forma de conducir el poder judicial y enfatiza que «es necesaria una reorganización y reorientación del OJ y de la administración para posibilitar un mejor acceso a la justicia y fortalecer la judicatura y la independencia judicial, mejorar y transparentar los recursos en los tribunales».

í‰rick ílvarez, presidente interino del OJ, tras los fallidos intentos de elección e integrante del grupo mayoritario, afirmó por tanto que para él como para los trece magistrados es «desgastante» continuar presidiendo ese organismo, además dice que es difí­cil obtener nueve votos de trece personas «que venimos de diferentes sectores», comenta.

«Yo le cuento que al 99 por ciento de magistrados los vine a conocer en la toma de posesión, así­ que es difí­cil que personas que no se conocen y que no tienen intereses comunes se pongan de acuerdo para un tema», declaró ílvarez.

Al consultarle al magistrado las crí­ticas que la sociedad civil ha hecho respecto a esa integración de grupos respondió: «Â¿la sociedad civil?, usted sabe a quienes representa la sociedad civil entre comillas y ellos son los que están azuzando el fuego para buscar un interés (…) creo que es una decisión nuestra y tenemos la conciencia de la responsabilidad para nuestro paí­s. Creo que hay que ubicar a esta gente y que digan a quién representan», enfatizó.

Mynor Franco, integrante del grupo de los siete fue más directo: «No se ha llegado a un acuerdo para elegir presidente, porque los señores de la Cámara Civil, y los de la Cámara Penal que son los que integran la otra caricatura dicen que quieren hacer cambios en el OJ, pero no tienen nada concreto».

Franco explica que durante un año, la Cámara Civil ha recibido 611 expedientes de los que sólo han sido resueltos 161; la Cámara Penal ha recibido 638 expedientes y ha resuelto 236; «mientras que la Cámara de Amparos (integrada por Thelma Aldana y él) recibió mil 487 expedientes y ha resuelto mil 372», indica.

«Â¿Qué cambios quieren hacer dentro del OJ y qué solvencia moral tienen para exigirle a un magistrado de sala o a un juez de paz que agilice el trámite de los procesos, si ellos no resuelven mucho en tanto tiempo?», cuestionó Franco.

Al preguntarle a Franco su opinión respecto a las crí­ticas de la sociedad civil respondió: «Es Diario La Hora el que ha promovido eso, ahora yo le pido que me diga, dónde están esas pruebas, eso lo están diciendo un montón de señores que en el anonimato se esconden».