Ante la crisis del sistema de seguridad y justicia, Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada y el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, conjuntamente con partidos polí­ticos articulan un proceso para la reestructuración del sistema.

Ante la crisis del sistema de seguridad y justicia, Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada y el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, conjuntamente con partidos polí­ticos articulan un proceso para la reestructuración del sistema.

Los últimos acontecimientos han revelado que el Estado ha sido desbordado en su capacidad de frenar la ola de violencia en el que se ha sumido el paí­s y ha incumplido su obligación de garantizar el derecho constitucional a la vida, la seguridad de las personas, sus familias y sus bienes, situación que ha obligado a diversos sectores a iniciar acercamientos en busca de que sea el Arzobispo Metropolitano, Rodolfo Quezada Toruño quien encabece un movimiento en pro de la recomposición del Estado.

Junto a Quezada Toruño, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, representantes de organizaciones de derechos humanos y polí­ticos han sostenido sus primeros acercamientos con el propósito de conformar un frente que permita iniciar la discusión de las reformas al sistema de seguridad y justicia, empezando por el cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación y la Policí­a Nacional Civil.

La propuesta implicarí­a solicitarle al Presidente Berger, que tras la remoción de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, se nombre a una persona independiente de los poderes fácticos y se impulse, con el apoyo de la comunidad internacional, una polí­tica de reestructuración de las fuerzas de seguridad.

Mientras los acercamientos continúan, el Organismo Ejecutivo ha anunciado una serie de cambios con el propósito de recuperar la institucionalidad de los entes encargados de la seguridad, darle vida al sistema nacional de seguridad, implementar la dirección de inteligencia, un ministerio de seguridad y la depuración de la Policí­a Nacional Civil; así­ como ha solicitado al Congreso la aprobación de CICIG.