Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación durante el gobierno de í“scar Berger, fue enviado a prisión esta mañana sin derecho a fianza, luego que presentara su primera declaración ante la Audiencia Nacional de España por su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales en este país.
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Según una fuente de España, autoridades de ese país «barajan» la posibilidad de rechazar la solicitud de extradición emitida por Guatemala y que el ex ministro sea juzgado allá debido a que cuenta con doble nacionalidad.
En tanto Francisco Palomo, abogado defensor del ex funcionario, indicó que su defensa analiza la posibilidad de renunciar a los derechos de extradición para que Vielmann sea juzgado en este país. (Lea recuadro)
Jesús Duva, periodista español, informó a Diario La Hora que Vielmann declaró ante el juez Pedraz que «no tiene nada que ver con los asesinatos, a la vez que sostiene que el caso que se sigue contra él es de tipo político»; también indica que el ex ministro reconoció que puede que un grupo parapolicial cometiera esos crímenes, pero que él no conoce su existencia.
Duva añadió que debido a que Vielmann goza de doble nacionalidad -guatemalteca y española-, «fuentes policiales y judiciales barajan la posibilidad de que España acabe por rechazar finalmente su extradición a Guatemala y opte por juzgarlo en España».
Enrique Molina, abogado defensor de Vielmann y ex fiscal de la Audiencia Nacional de España, declaró en aquel país que su defendido «corre serio riesgo de ser asesinado en la situación política actual que vive Guatemala».
Vielmann está implicado en las ejecuciones extrajudiciales de privados de libertad junto a Alejandro Giammattei, ex director del Sistema Penitenciario, Javier Figueroa, subdirector de Investigación Criminal y Víctor Soto, ex jefe de la Dinc.
Amnistía Internacional (AI) pidió hoy que los ex altos funcionarios guatemaltecos considerados responsables de ejecuciones extrajudiciales de presos sean devueltos a su país o juzgados para acabar con la impunidad en Guatemala.
El llamamiento de la organización establecida en Londres se produce un día después del arresto en Madrid del ex ministro del Interior guatemalteco, Carlos Vielman, sobre quien pesaba una orden de captura internacional.
Vielman era uno de los 19 ex responsables del ministerio del Interior o de la policía buscados por la justicia guatemalteca en conexión con las ejecuciones extrajudiciales de siete presos en una cárcel en 2006 y el asesinato de otros tres que se fugaron de otro penal en 2005.
«Estos ex altos funcionarios deben ser devueltos a Guatemala para hacer frente a la justicia o deben ser juzgados en sus países de residencia, conforme a las normas internacionales de derechos humanos», declaró en un comunicado Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
Después de Vielman, cuya extradición debe ser tramitada por la justicia española, el segundo funcionario de mayor rango de la lista es el ex director de la policía, el guatemalteco-suizo Erwin Sperisen, quien se encuentra en Suiza y está siendo investigado por las autoridades de Ginebra.
«Ha llegado la hora de que los Estados donde residen estos individuos demuestren su compromiso con los principios de los derechos humanos internacionales», declaró Elgueta a través del comunicado.
«Al menos que estos crímenes sean castigados, la impunidad prevalecerá en Guatemala», concluyó.
Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la ONU, los acusados formaban parte de una organización criminal que funcionaba dentro del ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil desde 2004 y estaba dedicada a tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsiones, secuestros y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.
Francisco Palomo, abogado defensor de Carlos Vielmann en Guatemala; informó que un grupo de juristas españoles dudan interponer un amparo contra la resolución que envió a prisión preventiva al ex ministro, en España.
«Los abogados (en España) están estudiando si es factible o práctico interponer un amparo para el otorgamiento de una medida, pero están empezando a considerar que si realmente no es mejor venir a enfrentar el proceso aquí a Guatemala y renunciar a los derechos de extradición», indicó Palomo.
Según el abogado entrevistado, esa decisión se tomará en los próximos días, ya que deben evaluar y procurar que en Guatemala se garantice un debido proceso y la protección de la integridad del ex ministro de Gobernación.