Hoy el Instituto de Estudios Fiscales (Icefi) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentaron el estudio sobre el «Gasto Tributario en educación en Guatemala 2000 y 2006»; la legislación guatemalteca contiene una amplia gama de exoneraciones a instituciones educativas privadas, la cual ha generado gasto público y de educación a las familias guatemaltecas.

A nivel educativo, la primera exención es la otorgada a los centros educativos privados. Dicha provisión legal está respaldada en la Constitución Polí­tica de la República, en el artí­culo 73, para los años en los cuales pueden incluirse los datos -gastos realizados por los hogares y gasto público en educación-.

Marí­a Castro, creadora del estudio y representante del Icefi, dijo que del análisis del gasto de los hogares en educación se evidencia que a pesar que la Constitución establece la gratuidad de la educación pública, todos los hogares que enviaron a sus hijos en 2000 y 2006 a centros educativos públicos realizaban desembolsos, considerados como ilegales.

El gasto total de los hogares en educación fue que en el 2000 en instituciones públicas las familias gastaron Q. 1,079,261,431; en el sector privado fue de Q. 2,740,467,122. En 2006 en el sector público fue de (Q.1,78,238,690) y en el sector privado fue Q. 5,329,920,396.