Como un balde de agua fría recibieron los diversos sectores de Guatemala, la noticia sobre la propuesta del Ministro de Finanzas Públicas de crear un bono o impuesto único para la reconstrucción del país, el cual afectaría a las empresas y a los sueldos de los trabajadores.
Aún se ignora la proporción en que tal carga tributaria podría aplicarse a las empresas. Lo que sí está claro es que la iniciativa apunta a que los asalariados con ingresos de 3 mil a 5 mil quetzales mensuales, tendrían que pagar un bono de 200 quetzales, y los que tengan emolumentos superiores a 5 mil, un bono de 500 quetzales.
El Ministro ha señalado que los fondos a recaudarse mediante este tributo, formarían parte de la contrapartida del país ante el inminente aporte solidario de 590 millones de dólares, que la comunidad internacional se comprometió esta semana a entregar para colaborar con la reconstrucción de Guatemala, a raíz de los graves daños que durante el presente año causaron los desastres naturales.
Estamos convencidos que nuestro país tiene que aportar su grano de arena como contrapartida nacional, destinando recursos para su propio beneficio a efecto de enfrentar los desafíos derivados del cambio climático, pero resulta descabellado que se trate de imponer esa carga tributaria a los grupos de mayor fragilidad económica como son los trabajadores. Tampoco se debe castigar a los pequeños y medianos empresarios.
Para ninguno es un secreto la acción depredadora del sistema económico dominante, que mediante diferentes argucias, chupa los sueldos de los laborantes en relación de dependencia dejándolos sin nada y a veces con grandes deudas.
Quienes deben aportar el bono para la reconstrucción nacional son los grupos de acaudalados que con toda impunidad explotan sin piedad a los trabajadores, como el caso de algunas de las empresas de tarjetas de crédito que cobran intereses leoninos totalmente ilegales cometiendo el delito de usura, ante la tolerancia de la Superintendencia de Bancos y la indiferencia del Procurador de los Derechos Humanos.
Asimismo, el impuesto debería gravar los jugosos ingresos de los altos miembros de los tres organismos del Estado, entre ellos el Presidente de la República, el Vicepresidente, los 158 diputados al Congreso, los Magistrados de Justicia y los Ministros de Gobierno También debe enfocarse hacia los partidos políticos, las millonarias utilidades de las empresas telefónicas, de electricidad, mineras y petroleras, así como a los que poseen vehículos de lujo.
Descontar el bono a los trabajadores es un crimen, pero cargarlo a los grandes ricos y a los altos funcionarios públicos, sería un acto de justicia.