Ayer las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral pusieron el tema de las elecciones a un nivel de inminencia, en cuanto la sobrevivencia del actual sistema de partidos políticos. Llevamos ya, muchos años, demasiados tal vez, encandilados por la luminaria del oropel democrático instaurado a partir de aquel lejano 1986. Si bien la sombra del fraude electoral pareciera totalmente cosa del pasado, el hecho concreto es que la democracia misma no ha podido trascender en mayor cosa que la simple democracia expresada en las urnas. Votamos pero no elegimos. Un sistema de partidos políticos, cuyo modelo fue impuesto al gusto y sabor de quienes financian las organizaciones políticas, se ha caracterizado, a mi juicio, por no estar identificado con la población. Por su parte la población despolitizada (por lo «malo» de lo político y lo fácil de «prostituirle» en su práctica), ha forjado un ciudadano que no sabe y no alcanza a comprender el poder de su ejercicio en cuanto a sus derechos civiles y políticos. De tal suerte que nuestra democracia atraviesa una vez más, el eterno proceso de manifestarse en construcción.
wdelcid@yahoo.com
Y habla la «sociedad civil», el empresariado y los movimientos cuyos apelativos de lo más variado, en nombre de la democracia señalan al político como el nefasto autor y consentidor de nuestros males. í‰l, apartado de la «esencia» misma de la democracia se constituye en su verdugo, se dice del político. En el empresariado se disfraza el juego democrático con la alternancia de sus dirigentes cada cierto ciclo. En los movimientos sociales (indígenas, campesinos, populares y sindicalistas) la poltrona de su dirigencia ni siquiera varía. Y se dejan de lado las otras expresiones de la democracia.
A pesar de los esfuerzos encaminados por el TSE en cuanto a las regulaciones de las que deben ser objeto las organizaciones políticas y el financiamiento que a éstas llega, me parece que es insuficiente. Hoy día se cuenta con una serie de instrumentos que podrían facilitar el proceso de fiscalización y la procedencia del financiamiento encaminado a la actividad política. Se debe ser más enérgico e imperativo en cuanto a los procesos de formación política, no es dable que se mencione la necesidad de promover democratización en las instituciones, sino se cuenta con ciudadanos con formación y vocación democrática que la lleven a la práctica. Ciudadanos que demanden su cumplimiento y que sean celosos guardianes del bien público que se resguarda en la consecución de un conjunto de situaciones alrededor del bienestar y la mejora de condiciones de vida para todos.
El cese de formas corruptas disfrazadas de cotidianidad no podrá producirse en tanto el habitante con mayoría de edad, no actúe en su condición de ciudadano, es decir que conozca los alcances de sus derechos y los límites de sus obligaciones. Este proceso ha estado descuidado en los últimos 25 años. La educación cívica que se dejó de lado hace más de cuatro décadas no se ha podido reinstaurar desde entonces. El modelo hoy predominante conceptualiza al Estado como un botín. Un punto de partida para emprender cualquier modelo de desarrollo individualista al que se llega sobre la base de acuerdos entre los financistas y los políticos que se prestan para tales desmedidos. Pero el asunto tiene como en casi todos los procesos al menos dos actores. Es tiempo ya de buscar que se rompa este nefasto lazo que tiene secuestrada la democracia en nuestro país. Es tiempo de buscar que se propicien formas transparentes de financiamiento para el ejercicio de la práctica política. Basta de una construcción democrática caracterizada por su inconclusión.