Que un diputado se equivoque y plantee torpemente una pregunta es algo que se puede entender, pero no ocurre lo mismo cuando es una bancada completa la que incurre en un error al plantear una interpelación en tema tan delicado como el de la seguridad ciudadana. Ayer la bancada del Partido Patriota quedó en evidencia cuando le pidió a Carlos Vielmann que informara, verbalmente y por escrito, sobre el personal contratado bajo el rubro 0-29 en todo el Ministerio de Gobernación, lo que puso al ministro a leer un tedioso listado con partidas, nombres y atribuciones que desesperó aun a los diputados tan acostumbrados a perder el tiempo.

Además, al ministro se le pidió que informara los nombres del personal que trabaja bajo las órdenes directas de su asesor Ví­ctor Rivera, encargado de unidades especiales en casos de secuestro, extorsión, robo de bancos y otras actividades del crimen organizado, informe que Vielmann proporcionó bajo estricta reserva de confidencialidad porque consideran que se pone en peligro la vida de alguna de la gente que ha participado en operaciones encubiertas.

Y antes de entrar al hemiciclo, Vielmann hizo un fuerte señalamiento en contra de la dirigencia del Partido Patriota, del que él mismo formó parte en su momento, al decir que de escuadrones de la muerte saben más los que ocuparon puestos en la Dirección de Inteligencia del Ejército, el Archivo o el Estado Mayor Presidencial durante la época del conflicto armado interno, en alusión muy directa a cargos desempeñados por el lí­der del partido interpelante, el general Otto Pérez Molina.

La interpelación al Ministro de Gobernación relacionada con los acontecimientos de los últimos dí­as es una legí­tima y conveniente práctica parlamentaria, pero para que sea útil polí­ticamente hablando, tiene que ser desarrollada con un mí­nimo de eficiencia y no con esa tendencia a la chambonerí­a tan propia de nuestro medio. Porque la interpelación es un mecanismo de control polí­tico útil para la sociedad que, aplicado con sagacidad puede ayudar a esclarecer no legalmente, pero sí­ polí­ticamente, las responsabilidades. En cambio, cuando se hacen preguntas sin ton ni son, simplemente para llenar un cuestionario, se envilece la práctica que ya está muy desprestigiada en nuestro medio cabalmente porque no existe esa capacidad que uno observa en otros parlamentos cuando se acorrala a un funcionario con cuestiones puntuales y categóricas.

Resulta entonces que las interpelaciones en nuestro medio, lejos de dejar en evidencia al ministro interpelado, dejan en evidencia históricamente la incapacidad de los bloques parlamentarios para cuestionar con eficiencia la función polí­tica de un ministro que es, en el fondo, lo que se discute y evalúa en el Congreso. Creyendo que su función es de fiscales o de jueces, olvidan que el mecanismo de la interpelación es un instrumento de juicio polí­tico y no legal, dejando amplia puerta para que el funcionario cuestionado encuentre salida en caballo blanco.