El presidente conservador francés Nicolas Sarkozy enfrenta una semana difícil con dos nuevas jornadas de manifestaciones, una de ellas acompañada de huelgas, principalmente en los transportes públicos, en rechazo a la reforma de la jubilación que sigue su curso en el Senado.
Los senadores reanudaron sus debates el lunes, tras la aprobación, el viernes, de uno de los dos puntos más polémicos de la reforma: el aumento de 60 a 62 años de la edad mínima legal para tener derecho a jubilarse.
Por 186 votos a favor y 153 en contra los senadores de la mayoría gubernamental de derecha y los centristas aprobaron el artículo 5 del proyecto de reforma que tiene carácter definitivo pues no modificaron la versión que en septiembre fue adoptada en la Asamblea Nacional (cámara de Diputados).
El lunes los senadores aprobarán el artículo 6 del proyecto que prevé aumentar de 65 a 67 años la edad para cobrar una jubilación completa.
El gobierno francés hizo algunas concesiones la semana pasada en ese capítulo, exceptuando a las madres de tres hijos que debieron interrumpir sus carreras para criarlos y a los padres de niños discapacitados.
Algunos analistas advirtieron no obstante que esa medida es minoritaria pues sólo beneficiará al 10% de las mujeres que se jubilan anualmente, es decir unas 25.000. Francia cuenta con 15 millones de jubilados.
El gobierno francés, que justifica la reforma en el incremento de la esperanza de vida y en la necesidad de cubrir el déficit del sistema de jubilación, que la crisis financiera triplicó en 2010 a 32.000 millones de euros (42.000 millones de dólares), volvió a tener el apoyo del MEDEF, la patronal francesa.
«Esta reforma es el fruto de una gran concertación y compromiso», afirmó el lunes la presidenta de ese influyente organismo que reagrupa a los empresarios franceses, Laurence Parisot, para quien con esta reforma se juega «la imagen y la fiabilidad de Francia» en el exterior.
Con la aprobación de los dos puntos más polémicos de esta reforma, la más importante de la presidencia Sarkozy, el gobierno se adelantó a un nueva semana de protestas callejeras y huelgas.
«El inminente movimiento social masivo los obliga a estas prácticas poco gloriosas», lanzó el senador de izquierda Guy Fischer.
Los franceses volverán a manifestarse el martes y el sábado próximos convocados por los principales sindicatos en rechazo a una reforma que consideran «injusta» y tras denunciar la ausencia de diálogo al respecto.
Las manifestaciones del martes, cuarta jornada de movilización desde principios de septiembre, acompañarán una jornada de huelga -indefinidas o prorrogables-, principalmente en los transportes públicos.
Llamados a la huelga también se hicieron en Correos, telecomunicación y educación. El sector petrolero, energético, químico, del transporte marítimo y aéreo, metalúrgicos, y estudiantes universitarios también llamaron a la huelga que respalda el 69% de los franceses, según una encuesta del instituto CSA publicada el lunes por el diario Le Parisien.
«Será una de las últimas ocasiones de hacer dar marcha atrás al gobierno», advirtió el domingo Francois Chereque, secretario general de la CFDT (reformista), segundo sindicato francés, que apuesta por una fuerte movilización y no tanto por la huelga, que supone perder un día de salario.
En las anteriores movilizaciones, según las fuentes entre 900.000 y tres millones de personas salieron cada día a las calles en todo el país, un fenómeno que «habría hecho ceder a otros gobiernos», según Jean Marie Pernot, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.
«Pero el poder (ndlr: en Francia), se muestra muy firme. Esto puede desalentar a algunos a salir a la calle al considerar que la reforma es un hecho y que la próxima cita será en las urnas en 2012», sostuvo, refiriéndose a la próxima elección presidencial.