Ante el agobio por la incapacidad del Estado para cumplir con su deber de garantizar la vida y la seguridad a los habitantes de la República, nuevamente los guatemaltecos nos colocamos a la zaga de la humanidad planteando el debate sobre la pena de muerte como solución a la violencia que nos agobia.
Al margen de la discusión doctrinaria y conceptual sobre la pena de muerte, hay que ver que no queremos entender que en Guatemala nuestro problema no es de la dimensión de la pena, sino de la impunidad existente. Los grandes criminales, especialmente los del crimen organizado, tienen todos los recursos a su alcance para librarse de cualquier condena, no digamos de la pena capital.
Mientras el sistema de justicia siga aplicando la ley con un dramático 3 por ciento de los crímenes que se cometen en Guatemala, no podemos hablar realmente de que el Estado está cumpliendo con su deber en la administración de justicia y aplicación de la ley. Y las condenas se limitan, en su inmensa mayoría, a quienes no pueden pagar un abogado ni cuentan con un defensor público de los que interponen toda clase de recursos y logran sacar adelante a sus defendidos.
No tenemos Ministerio Público ni policía de investigación criminal que cumplan con la función de esclarecer los crímenes, por lo cual es una falacia que se diga que restableciendo la pena de muerte vamos a componer el problema de la inseguridad ciudadana. El tema no se resuelve hasta que la sociedad entienda que la lucha contra la impunidad es un imperativo absoluto y que, por lo tanto, todos nos tenemos que sumar al empeño.
Si la pena de muerte fuera solución, Guatemala sería un paraíso porque si en algún lugar se ha ejecutado a reales o supuestos delincuentes es en nuestro medio. Y el carácter disuasivo sería, indudablemente, mayor ante las ejecuciones extrajudiciales que son las corrientes en nuestro medio, porque con esas no hay recurso posible ni apelación que exista. Condenado un delincuente por una turba o por un grupo que hace «limpieza social» la muerte es segura. Pero ni así los criminales se contienen, lo que demuestra que no hay tal carácter disuasivo en esa sanción.
Hasta que el criminal tenga la seguridad de que si la hace, la paga, podremos empezar a vivir tranquilos en Guatemala. Mientras tanto, propagando la cultura de la muerte con ese mensaje subliminal de que todo se compone mandando al otro potrero a los delincuentes (judicial o extrajudicialmente), no estamos resolviendo nada y el debate se enmarca en un gesto eminentemente demagógico.