El lunes 13 de septiembre publiqué un artículo en el que prevenía al Gobierno de Guatemala acerca de que podrían sobrevenir conflictos con países fronterizos, derivados de la explotación de minas en áreas colindantes con México y El Salvador.
No es que me haya convertido en una especie de mago ambientalista, sino que leí un despacho de la agencia de noticia IPS, que daba cuenta que el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) llamaba la atención de la comunidad internacional en torno a proyectos de desarrollos mineros en zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales, que podrían causar efectos negativos para las comunidades locales, el ambiente y la seguridad nacional.
Acostumbrados como estamos a que los sucesivos gobiernos de Guatemala actúen cuando ya ha estallado un conflicto, afortunadamente en esta ocasión el Ministerio de Ambiente alertó a la Cancillería guatemalteca sobre la contaminación del río Quichivil, que desemboca en México, para que prevenga a las autoridades del vecino país sobre ese grave problema, provocado por la mina Marlin, que opera en dos municipios de San Marcos cercanos al territorio mexicano.
 Según el viceministro Luis Zurita, la empresa Montana exploradora de esa mina -que sólo desastres está causando a comunidades del altiplano marquense- hizo una descarga de aguas industriales sin la debida autorización y sin que previamente realizara los estudios para garantizar que no se contaminen los ríos adyacentes, como ocurrió con el Quichivil.
Sin embargo, como también los guatemaltecos estamos acostumbrados a arranques de macho viejo, no sería de extrañar que la sensata postura del MARN vaya a engavetarse en el despacho presidencial, porque da la impresión que el Gobierno está más interesado en el miserable uno por ciento que recibe de regalías de las millonarias ganancias de Montana, que en proteger los derechos de las comunidades cuyos habitantes son víctimas de enfermedades de la piel provocadas por los efectos contaminantes de la mina Marlin.
 Recuérdese que el Gobierno no se ha inmutado ante la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, desde el 20 de mayo anterior, planteó al presidente Colom la necesidad de suspender la explotación de oro y plata en la mencionada mina, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas afectadas por la contaminación minera.
 Conviene señalar que este caso de complicaciones bilaterales no es el único que tarde o temprano el Gobierno de Guatemala debe encarar. Reitero lo que advirtió el OLCA respecto a que otro problema similar puede surgir, esta vez con El Salvador, en vista de que la misma corporación canadiense, por medio de su filial denominada Entre Mares, tiene a su cargo el proyecto Cerro Blanco, en el oriental departamento de Jutiapa, limítrofe con la vecina nación centroamericana.
 Si no se adoptan las medidas preventivas del caso, existe el riesgo de un conflicto político con El Salvador, cuyo gobierno puede demostrar legal y fehacientemente que se violan los derechos humanos de la población salvadoreña cercana al proyecto Entre Mares, a causa de la contaminación del río Lempa y del lago Gí¼ija, ubicados entre la frontera de ambos países y que surten de agua a los habitantes de la región occidental de esa nación.
  (Un ingeniero de cierto proyecto minero le explica breve y sabiamente al ecologista Romualdo Tishudo: – Todo lo hondo…es bien profundo)