Guatemala se ha convertido en un tigre gigante en el que ya no se notan las manchas de tantas que hay. La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia está a punto de caer en la penosa situación que se vivió en la Corte anterior cuando pasaron meses sin que los magistrados se pudieran poner de acuerdo para elegir Presidente.
El problema no es de personalidades ni de ambiciones individuales. Se trata de divisiones de principio que hacen mucho más difícil el acuerdo porque la visión de los dos grupos en pugna es diametralmente opuesta y, sobre todo, responde a motivaciones muy diferentes. No es secreto que en la elección de la actual Corte Suprema de Justicia hubo intromisiones que se hicieron públicas con los acuerdos entre el oficialismo, representado por Gloria Torres y César Fajardo, y grupos paralelos representados en esa ocasión por el Rey del Tenis. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala tachó a varios de los nominados que luego fueron electos por el Congreso de la República y ahora se ha consolidado en el pleno de magistrados una especie de bloque que responde a ese pacto entre el Gobierno (representado por la UNE) y los llamados poderes ocultos que están empeñados en mantener el régimen de impunidad.
El otro bloque tiene la virtud, al menos, de no alinearse con esa tenebrosa finalidad y de esa cuenta debemos entender que la diferencia no es por cuestiones personales. Hay un enfoque distinto del papel que tiene que jugar la Corte Suprema de Justicia y eso quedó en evidencia cuando al elegir al actual Presidente, éste se empeñó en enfrentar a la CICIG, descalificando a la Comisión que tiene la tarea de luchar contra la impunidad.
En otras palabras, hay magistrados que quieren mantener la situación actual y otros que se manifiestan en contra de la impunidad.
Ver de otra manera esta «mancha al tigre» es perder la perspectiva. Obligado resulta, entonces, recordar la grave responsabilidad de la Comisión de Postulación que incluyó en la lista de los candidatos a ocupar las más altas magistraturas a abogados que tenían vínculos con sectores que pretenden mantener al país sumido en la impunidad que tanto necesita el crimen organizado y la corrupción que son flagelos lacerantes para la sociedad guatemalteca. No podemos pasar por alto la influencia que el Gobierno tuvo en esa desafortunada composición de la Corte Suprema de Justicia, puesto que todos sabemos el enorme peso que en ese momento tenía la hermana de la esposa del Presidente, quien hablaba en nombre no sólo del mandatario, sino que de la misma Sandra Torres de Colom, lo que le daba aún más influencia y poder.