La crisis financiera de la Corte de Constitucionalidad (CC) demuestra la poca voluntad política para velar por la Carta Magna, luego de que se conociera que la institución podría dejar de operar por falta de fondos, lo cual recuerda las tensiones ocurridas en el llamado serranazo, el autogolpe de Estado propiciado por el entonces presidente Jorge Serrano Elías.
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Diferentes sectores de la sociedad analizan que la CC ha desempeñado un papel fundamental para mantener cierta estabilidad democrática en el país, pese a que sus decisiones hayan afectado directamente a intereses gubernamentales.
Tal fue el caso de haber ordenado la destitución del entonces ministro de Educación, Bienvenido Argueta, por haberse negado a dar el listado de beneficiarios de Mi Familia Progresa. O bien la anulación del proceso en que el presidente Colom eligió a Conrado Reyes Sagastume como Fiscal General, entre otras decisiones de la CC.
De esa cuenta, sectores sociales opinan que está mal visto que el Gobierno no haya trasladado los 25 millones de quetzales para el funcionamiento de la CC, porque podría analizarse como una posible «venganza» política, tal como ocurrió en el serranazo.
Carlos Amador, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), comentó al respecto que «las prioridades son prioridades y el presupuesto de la CC es algo intocable, razón para que el Estado lo atienda a la brevedad posible y que tiene que eliminar la percepción de que sean elementos de presión, y porque tiene que ser inmediato. El cierre de una entidad como la Corte es completamente inviable; si eso ocurre el Estado deja de existir,» puntualizó.
Asimismo, Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales de Guatemala, aseguró que cada gobierno es distinto y no hay que comparar con años anteriores donde se dieron situaciones similares con la Corte de Constitucionalidad.
«La ausencia de financiamiento y de fondos a la CC solo es el reflejo de las grandes debilidades en materia de independencia judicial. ¿Cómo se pretende que las cortes sean independientes, si dependen de la asignación presupuestaria del gobierno de turno? Esto es algo que afecta la independencia y la democracia del país; es incomprensible e inaceptable que el máximo ente institucional que interpreta la justicia esté pasando crisis, esto habla mal de un gobierno».
Además, Paulina Cruz, analista independiente, comentó que una institucionalidad de esta magnitud y uno de los principales organismos de poder que mantienen y velan por el cumplimiento de la ley, no debe ser cerrado por una mala distribución del presupuesto del actual gobierno.