Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se están dando cuenta que con ciertos poderes en Guatemala no se puede jugar. Tuvieron la osadía de ordenar que se publicaran los datos celosamente guardados de los programas de Cohesión Social y hasta ordenaron la destitución del Ministro de Educación y ahora pagan las consecuencias. Desbarataron la componenda que hicieron Gloria Torres, Fajardo y el Rey del Tenis para elegir Fiscal General y ahora no tienen ni para pagar gastos menores.
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No llega a 25 millones la cantidad que adeudan a la Corte de Constitucionalidad y que no le trasladan con el argumento de que la baja de ingresos fiscales afecta a todas las instituciones y por lo tanto no tienen recursos para cumplir con lo presupuestado. El Ministerio de Finanzas ofreció, magnánimamente, situar poco más de un millón de quetzales que según el magistrado Roberto Molina Barreto no alcanza para nada. No cabe la menor duda de que se trata de una política para ablandar a la Corte de Constitucionalidad mediante el cerco económico que les haga doblar la rodilla, si quieren seguir percibiendo el salario los magistrados y el personal de la institución.
Definitivamente hay que decir que esa política del Gobierno es un golpe a la Constitucionalidad en el país y se puede comparar con la actitud de Jorge Serrano cuando disolvió las cortes. En este caso no hay un decreto para sepultar a la justicia constitucional, sino simplemente una decisión administrativa para no dotar de fondos a la Corte. Se podrá decir que si los magistrados no cumplen con su deber estarán ellos violando la Constitución que les ordena darle trámite a todas las gestiones que se promuevan ante ese tribunal que es el máximo contralor de la legalidad en el país, pero obviamente no se puede pretender que sin insumos esa instancia pueda funcionar.
Creo que es del caso que la sociedad se pronuncie exigiendo al gobierno que cumpla con transferir los fondos que necesita la Corte de Constitucionalidad, sobre todo cuando vemos la forma en que se derrochan recursos en cuestiones que ni por asomo tienen la importancia de ese alto tribunal. Se gasta mucho más en publicidad del Gobierno, en montaje de agencias de propaganda y no digamos en el manejo de los programas de cohesión social que si bien son fundamentales, no se administran con la transparencia que se requiere para hacerlos efectivos. Basta ver la forma en que funcionarios abyectamente lambiscones trasladan recursos como vehículos a lo que desea la esposa del Presidente para darnos cuenta de que las prioridades en el Gobierno están absolutamente trastocadas por esa influencia nefasta de las ambiciones políticas.
La Corte de Constitucionalidad tuvo que salir al rescate de la institucionalidad del país cuando una sucia componenda entre gente del Gobierno y los poderes fácticos de grupos que operan en la clandestinidad para cooptar al Estado, había logrado el control del Ministerio Público. Esa osadía, a la que se sumó el pecado menor de obligar a la difusión de los datos de Mi Familia Progresa y a la destitución del ministro que sumisamente engavetó los datos, fue suficiente para que se dictara la orden de cercar por hambre a los magistrados y colocarlos al borde del colapso.
Pero la afrenta no es a los miembros de la Corte de Constitucionalidad, sino al Estado de Derecho de Guatemala y se puede ver en la maniobra un manotazo contra la misma Constitución política que asigna a ese tribunal funciones vitales para el régimen de legalidad y tiene que sentarse un precedente para que ningún gobierno, ahora o en el futuro, recurra a esas prácticas para presionar o sancionar a los juzgadores.