Desde el inicio de su mandato el presidente ílvaro Colom ha enfrentado un entorno financiero complicado, debido a la falta de liquidez en el Estado, lo que ha derivado en la solicitud de préstamos y emisión de bonos para financiar el presupuesto. Frente a esta situación, expertos sugieren implementar distintas estrategias para evitar el endeudamiento e incrementar la captación de fondos, aunque todos coinciden en que la transparencia es el eje fundamental de cualquier iniciativa.

Aunque la postura oficial es cerrada y apunta a que no hay más opciones que el endeudamiento público para financiar el presupuesto, expertos consideran que un gasto transparente, priorizado y eficiente podrí­a resolver los problemas financieros para los que el Ejecutivo no ha encontrado una solución en casi tres años. Sin embargo, la estrategia que proponen los conocedores requiere de un componente poco común: voluntad polí­tica.

En primera medida, Sergio ílvarez, analista económico, sugiere que el Ejecutivo, así­ como las dependencias estatales autónomas y semiautónomas -ejecutoras de fondos públicos- deben aplicar una polí­tica de transparencia y austeridad en las inversiones, compras y proyectos que realizan.

En ese sentido, hace referencia a los programas del Consejo de Cohesión Social, que no se pueden fiscalizar por completo, ante la falta de una lí­nea programática en su ejecución y a la lí­nea de secretividad que mantiene el Gobierno en torno a las finanzas.

La diputada Rosa Marí­a de Frade, de la sala legislativa de Transparencia, visualiza otra solución a los aprietos del Gobierno en materia fiscal, aunque también enfocada a la transparencia. Hace el balance que 30% de la cifra del presupuesto estatal se encuentra en fideicomisos y ONG que materialmente representa Q20 millardos, los que considera, deben ser susceptibles de una completa fiscalización pública.

De Frade, refiere que hay «cero calidad del gasto en los organismos», lo que desencadena el «descontrol de la administración pública» y del uso de los recursos económicos, que podrí­an ser invertidos para obviar el endeudamiento público.

EXONERACIONES Y BENEFICIOS

Otra de las estrategias es suprimir los beneficios e incentivos que se otorgan a empresas y organizaciones no gubernamentales, aunque no requieran de la ayuda estatal.

Marco Livio Dí­az, viceministro de Finanzas Públicas, manifestó a la diputada Nineth Montenegro, que existen casos de exoneraciones y exenciones fiscales que no se justificarí­an.

«Como Ministerio de Finanzas creemos que la maquila, zonas francas y zona de libre comercio, por ejemplo, está bien que estén exoneradas del Impuesto al Valor Agregado y derechos arancelarios; pero debieran pagar Impuesto Sobre la Renta si obtienen utilidades», remarcó.

En ese marco, existen actividades productivas que se amparan en los beneficios de las maquilas y zonas francas para evitar el pago de impuestos, como sucede en el caso de la minerí­a a cielo abierto.

Mientras tanto, Fredy Viana, integrante de la sala legislativa de Finanzas Públicas y Moneda, dice que los cálculos efectuados con el sector económico apuntan que son aproximadamente Q7 millardos la evasión de impuestos anual en el paí­s.

Las finanzas del Estado podrí­an recuperarse, si se toma en cuenta que en exoneraciones y exenciones fiscales para 2011 se prevén uno Q28 millardos. 

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, analiza que sólo los Q16 mil millones incautados al contrabando y al narcotráfico este año, el Estado podrí­a cubrir la totalidad del agujero fiscal. 

El Gobierno debe ser prudente en el gasto, refiere Montenegro, ya que en 2011 también se prevé un aumento significativo de salarios. «No sabemos si van a elevar el número de contratos 029 por la época electoral», enfatiza. 

El ideal de un verdadero ahorro estatal, por ejemplo, serí­a reducir gastos superfluos como publicidad gubernamental, protocolo y que el dinero escaso no vaya a servir para fiestas o banquetes lujosos de fin de año «o magdalenas solidarias como ocurrió en 2009», sugiere la legisladora. 

Dice además que en 2011, los recursos de Mi Familia Progresa deben dirigirse a las verdaderas necesidades de los pobres, y «no para comprar regalos de verano o juguetes», agrega. 

Otras posibilidades para evitar la deuda e incrementar los ingresos se encontrarí­a al elevar las regalí­as por explotación minera y petrolera. Sólo la extracción de petróleo ahora deja al Estado Q111 millones, ¿porqué no aprobar una elevación de esa regalí­a en 5% y potenciar los ingresos en más de Q500 millones?, puntualizó Montenegro.