La pesadilla que para el sistema de justicia de Guatemala fue la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el último año del anterior período, planea como sombra ahora nuevamente cuando se acerca la fecha en que los trece magistrados deberán elegir a quien se haga cargo de ese importante puesto para el próximo año. Nuevamente la existencia de grupos a lo interno de la Corte vuelve a ser mencionada como un obstáculo para que se pueda avanzar en el proceso, aunque existe la confianza de que por ser ésta la primera elección desde que afloraron los grupos, pueda lograrse un acuerdo.
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Es sabido que en el momento en que se integró la Corte hubo dos corrientes y tendencias que lograron pasar por el Congreso de la República. Unos eran los magistrados que tenían el visto bueno y respaldo de la sociedad por su trayectoria en el ejercicio de su profesión de abogados y el desempeño, en algunos casos, como administradores de justicia. Otros respondían a los intereses de grupos de presión que durante los últimos años han ejercido control de varias de las instituciones representadas en la Comisión de Postulación y que, por supuesto, tenían el visto bueno de importantes bancadas, incluyendo a la oficial que negoció de manera abierta y clara con personajes como el conocido Rey del Tenis.
Obviamente esas tendencias tienen que manifestarse en el momento actual, puesto que son como el sebo y la manteca y por ello es que se dificulta la elección, salvo que en un arranque de celo por proteger el prestigio alicaído de la Corte, se pueda dar una negociación que, quiera Dios, no implique abdicar en posiciones que tienen que ver con el rescate de la decencia en la administración de justicia.
El camino para depurar el sistema y combatir la impunidad es largo y sin duda difícil, puesto que se trata de un sistema que se afianzó de manera estructural y no puede pensarse que sea de soplar y hacer botellas para erradicar el flagelo. Por supuesto que habrá tensiones porque quienes tienen no sólo la misión sino el encargo de apuntalar el régimen de impunidad harán su mejor esfuerzo por torpedear los esfuerzos de la Comisión Internacional y de aquellos guatemaltecos que nos hemos sumado al empeño de construir un auténtico Estado de Derecho en el que se pueda confiar plenamente en una sana administración de justicia no sólo para los miembros del crimen organizado, sino para los que operan explotando las facilidades que ofrece el régimen administrativo para la corrupción.
De hecho se sabe que se han ido articulando muy fuertes alianzas para preservar el privilegio que para los criminales, lo que incluye desde luego a los corruptos de cuello blanco, constituye un sistema de administración de justicia en donde las resoluciones están en venta al mejor postor. Pero hemos visto también que poco a poco, con dificultades pero con determinación, han ido mostrándose operadores de justicia, entre ellos jueces y fiscales, que nos dan con su ejemplo el aliento de que sí es posible pensar en la depuración a partir de funcionarios comprometidos con el respeto a la ley y a la legalidad.
A mi juicio la clave del éxito del empeño no está en quién sea electo presidente de la Corte, sino en el papel que pueda tener y mantener la sociedad, es decir, que podamos tener todos los guatemaltecos en el ejercicio de un civismo que nos haga comprometernos con la fiscalización y supervisión del comportamiento de nuestras autoridades judiciales.