La iniciativa de ley «Implementación de Jueces, Fiscales, Investigadores y Testigos sin Rostro», es un proyecto contemplado en la agenda de seguridad y justicia del Congreso que podrí­a violar derechos constitucionales, dijo Nineth Montenegro.

Si se aprobara, podrí­a ir en contra del derecho de defensa o de la prohibición de juzgamiento por tribunales especiales o secretos, rechazo contenido en el párrafo segundo de artí­culo12 y también el artí­culo 14 sobre el conocimiento del proceso, ambos de la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala, explicó Montenegro.

También podrí­an incumplir el contenido del artí­culo ocho de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el artí­culo 14 del Pacto de Derechos Civiles, pues la justicia viajarí­a en contraví­a de la igualdad y la no secretividad de los procesos, agregó la diputada.

Hoy, Montenegro entregó a sus colegas comisionados el análisis de la iniciativa para estudiar el resultado a fin de decidir si se debe archivar o bien dictaminar favorable o desfavorable, pero ella personalmente se inclinarí­a por desfavorecer el proyecto, enfatizó.

ATAQUES

«Se trata de resolver un problema complejo», resaltó Montenegro, y dijo: se necesitan alternativas materiales para distanciar a las partes en la sede de los juzgados, debido a los conatos de amenazas y hasta agresión intentados por algunos imputados contra los jueces, fiscales, investigadores y testigos.

Otra solución probable, irí­a encaminada a proponer reformar el Código Penal y Procesal Penal o la ley de Testigos, para fortalecer esa adversidad legal que surgió, resaltó la diputada.

Para sustentar ese dictamen, se solicitó la opinión legal de la Procuradurí­a de Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público (MP), la Procuradurí­a General de la Nación (PGN), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hasta la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), explicó Nineth Montenegro.