Largo camino se ha recorrido desde aquel momento histórico en que usando el sentido literal del término, se proclamó la primera “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.

También ha sido largo el camino desde aquella primera vez, en noviembre de 1948, en que las mujeres que sabí­an leer y escribir –las analfabetas siguieron excluidas– pudieron ejercer el sufragio en un proceso electoral. Lograr el derecho al voto fue una victoria, pero no resolvió la complejidad del problema estructural: el de la discriminación.
 
Hoy, se hace necesario e impostergable, lograr que los sectores excluidos tengan pleno derecho de representación y participación polí­tica, sin condición alguna, para garantizar una democracia verdaderamente representativa. Un paso significativo en este anhelo constante de materializar cambios de fondo, fue el reciente dictamen favorable que la Comisión Especí­fica de Asuntos Electorales otorgó a la iniciativa 4088.
 
Esta iniciativa impulsada por la Comisión de la Mujer del Congreso –apoyada y acompañada por una diversidad de organizaciones sociales, de pueblos indí­genas y mujeres– busca reformar el artí­culo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, que establece la forma en que se conforman los listados a cargos de elección popular. El objetivo de la reforma es que los listados se establezcan de manera paritaria –entre hombres, mujeres y pueblos indí­genas–. Además contempla sanciones, como la no inscripción de aquellos partidos que no cumplan con esta medida.
 
En Guatemala las mujeres somos el 52% de la población total, pero no estamos equitativamente representadas en los cargos donde se toman las decisiones. No es tolerable que bajo nuestro actual sistema sólo haya 20 diputadas y apenas 7 alcaldí­as sean dirigidas por mujeres. De acuerdo con diversos estudios de Naciones Unidas, nuestro paí­s es uno de los más rezagados en lo que a participación y representación polí­tica se refiere. Actualmente, en los listados se incluyen mujeres, indí­genas o jóvenes por “relleno” en casillas donde no tienen posibilidades reales de ganar.
 
Si bien este dictamen favorable constituye un importante paso, el largo camino que queda para conseguir la aprobación de la ley es sumamente complejo. En este punto es necesario evidenciar y señalar con nombre y apellido a las y los diputados y a las fuerzas polí­ticas comprometidas con su urgente aprobación, y por supuesto, a las que no lo están.
 
Las bases para cambiar el sistema desigual que impera en nuestro paí­s, no se construyen solas. Este tipo de acciones afirmativas y de largo plazo, que garantizarán avances reales para la democracia, son compromisos de Estado ratificados por Guatemala en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
 
La lucha por la igualdad no es un esfuerzo aislado, en ella participa una diversidad de sectores y grupos convencidos que la democracia solo puede ser tal cuando garantice la participación y representación equitativa y sin exclusiones. Esperamos que antes que termine esta legislatura, la iniciativa 4088 sea conocida por el Pleno del Congreso y aprobada sin más dilaciones.