Trabajo arduo, peliagudo, extenso y hasta la posibilidad de determinar si sería necesaria una reforma constitucional, prevé Oliverio García Rodas, para dictaminar varias leyes contra las maras.
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García Rodas, presidente de la sala de trabajo de Legislación y Puntos Constitucionales, opinó que ve un problema que haya sido a través de legislación comparada como redactaron la esencia de esas iniciativas, «porque el marco jurídico no es igual al nuestro».
Y es que describió que esos proyectos para castigar la participación criminal de los menores, choca con el artículo 20 y 147 de la Constitución de la República de Guatemala, acerca de que a los menores no se les puede atribuir delitos; y que, solo quienes han cumplido 18 años son mayores de edad.
Asimismo, se enfrentan con lo que reza el Código de la Niñez y Adolescencia donde solo manda aplicar reglas de corrección y no enviar a la cárcel a los menores, tal como disponen algunas de esas iniciativas, resaltó; además de tomar en cuenta el convenio Sobre los Derechos del Niño ratificado por Guatemala, explicó el diputado.
SEGUROS
Mariano Rayo, diputado unionista, dio a conocer que el espíritu de la iniciativa Ley de Servicio Cívico-Militar para Menores Transgresores de la Ley Penal, intenta salvar y hasta respetar ese artículo 20 constitucional.
Rayo explicó que los menores serían enviados al ejército, como academia donde además de disciplina garantizarían su alimentación y hasta dinero como salario por ese servicio -estatus similar al de los soldados-, ilustró.
Podría constituir parte del tratamiento orientado a la educación integral propia para la niñez y adolescencia, el respeto de los derechos humanos, la condición física y mental de los sancionados como alternativa de nuevas oportunidades para esas personas, dice el texto.
Lo cívico-militar significaría establecer parte del tratamiento para niños o adolescentes, «gatilleros, ladrones o narcos que si son enviados a las Gaviotas, por ejemplo, se graduarán de delincuentes», enfatizó Mariano Rayo.
Las cinco iniciativas de ley ya fueron conocidas por el pleno y ahora están bajo responsabilidad de la comisión de legislación y Puntos Constitucionales, donde se prevé un trabajo prolongado, posiblemente hasta para 2012.
Con un rotundo rechazo a las iniciativas de ley que pretenden implementar en el país los diputados de varios partidos políticos en el Congreso de la República, sobre la pena de muerte, ley antimaras y ley de reinserción juvenil, la Convergencia por los Derechos Humanos manifestó que con estas medidas no se podrá solucionar la problemática de la violencia que impera en Guatemala.
Nery Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, dijo que «estas medidas son simplemente campañas populistas ante las actuales elecciones».
Jorge Santos, del Centro Internacional en Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), aseguró que «primero se tiene que recuperar la seguridad en el Ejército para ponerlo como ejemplo a los jóvenes, recordando que integrantes de dicha entidad están involucrados en hechos ilícitos».
íbner Paredes, representante de organizaciones de jóvenes, comentó que «estas medidas no solucionan nada y es mejor invertir en prevención y no cuando las cosas ya se salieron de las manos».