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Luego de la publicación de una investigación realizada por La Hora, la cual reveló la vinculación de Mury con la empresa contratista y su papel como funcionario del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), distintos actores sociales se han pronunciado a favor de una investigación del Viceministro.

La diputada Rosa Marí­a de Frade, presidenta de la Comisión Legislativa Extraordinaria Nacional por la Transparencia, resaltó que la investigación de este vespertino reveló un conflicto de intereses, en tanto que CONASA es proveedora de servicios para el Estado, al tiempo que Mury, mandatario de la constructora, es también un funcionario de Estado.

«El nombramiento es inconstitucional», refiere la legisladora y señala que «aquí­ el que violó la Constitución es el Ministro de Comunicaciones, quien nombra a una persona que es proveedor del Estado». «Viola la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala», destacó.

Se intentó contactar a Guillermo Castillo, titular de CIV, quien no respondió a los repetidos llamados a su celular.

De Frade lamentó la poca acción de la Contralorí­a sobre el tema y resaltó que es necesario reestructurarla, porque no cumple con las funciones que tiene a su cargo. En este caso, dijo, se debió investigar desde tiempo atrás las anomalí­as que darí­an lugar a un conflicto de intereses.

«No se puede privilegiar a la empresa de la que forma parte», enfatizó la congresista Nineth Montenegro sobre el caso Mury y dijo si no ocurriera la destitución del funcionario, se darí­a lugar a malas interpretaciones. «No puede ser funcionario si hace negocios con el Estado», destacó.

Montenegro señaló que las autoridades correspondientes deben realizar una investigación del caso, para deducir las responsabilidades que devengan del caso.

A criterio de la legisladora, éste es sólo uno de varios casos que generan suspicacias por la vinculación que empresarios tienen con el gobierno de turno.

Ejemplificó que genera dudas la venta de fertilizantes y el nombramiento del empresario de agroquí­micos Roberto Daltón en un cargo público. Recordó también los señalamientos al mandatario por el uso del avión de un empresario del gas para viajes oficiales.

El diputado Valentí­n Gramajo, subjefe del Partido Patriota en el Congreso, indicó que después de haberse enterado de la noticia de Mury, se aprestan a requerir toda la información del CIV para poder dar el inicio al seguimiento y fiscalización de esos negocios.

Opina que el caso de Mury es recurrente en el gobierno y lo han demostrado con el uso de las ONG y los fideicomisos y demuestra que el gobierno es un negocio y no una administración polí­tica del paí­s.

INVESTIGACIí“N DE OFICIO

Oswaldo Samayoa del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales explica que el Ministerio Público (MP) tendrí­a que actuar de oficio ante un delito que se constituye «de acción pública».

Estos delitos son aquellos que no requieren denuncia por su calidad, por lo tanto corresponderí­a accionar directamente a la Fiscalí­a de Delitos Administrativos.

También señaló que es importante que el propio CIV ejecute una investigación administrativa, aunque advierte que en esta opción es muy difí­cil de concretar, por los documentos ocultos y otros archivos a los cuales sólo tiene acceso el personal allegado a los intereses del funcionario señalado.

Samayoa enfatizó que el mayor reto que la Fiscalí­a encuentra es, precisamente, la falta de documentos que son extraviados u ocultados a propósito, sin embargo insiste en la obligación que tiene el MP en realizar la persecución penal.

Se intentó obtener contacto con Elvira Noemí­, titular de la Fiscalí­a de Delitos Administrativos, para determinar si actualmente existe o se abrirá algún expediente en torno a la investigación del caso, sin embargo no se logró obtener contacto.

También en repetidas ocasiones se trató de consultar a Guillermo Porras Ovalle, Procurador General de la Nación, quien en este caso tendrí­a que defender al Estado, en caso que CONASA hubiera realizado contratos anómalos y utilizado fondos estatales que hayan sido mal ejecutados, pero tampoco respondió a su teléfono celular.

SIN RELEVANCIA

A pesar de las reiteradas declaraciones donde el mandatario pide recursos, porque dice que su gobierno se queda sin sustento para funcionar e «invertir en los más necesitados», el presidente ílvaro Colom, sin prestar mayor atención al tema, dijo hoy que investigará el caso. «Voy a averiguar», dijo escuetamente el mandatario, mientras era seguido por nuestra reportera, ya que no quiso dar declaraciones a todos los periodistas que lo esperaban.

Previamente, se habí­an realizado esfuerzos para que el Presidente hablara al respecto en su programa radial, Despacho Presidencial, pero no respondió a los mensajes de texto que se enviaron al matutino.

Giuseppe Calvinisti, vocero presidencial, informó que no podí­a dar mayores detalles del problema porque evaluarí­an la situación con los funcionarios «para saber porqué ocurrió esto» y si se llegara a detectar algún acto anómalo será destituido el viceministro Mury.

«Lo que puedo garantizar es que si hay alguna ilegalidad se actuará conforme a lo que se deba hacer, para garantizar que haya transparencia dentro de la cartera», aseguró Calvinisti.

Mientras tanto Jorge Montenegro, miembro de la Cámara de la Construcción, defendió el trabajo de Alfredo Mury e insistió en que «es una persona que tiene capacidad y conocimiento en infraestructura, por eso lo nombraron en su momento».

De acuerdo con Montenegro, Mury no trabaja para CONASA y está totalmente desvinculado de la empresa, porque en su oportunidad renunció a esta constructora. Uno de los principales accionistas de CONASA entregó la presidencia de la Cámara de la Construcción a Montenegro.

Sin embargo, los documentos del Registro Mercantil continúan vigentes y detallan que Mury tiene el mandato especial para hacer negocios en nombre de la empresa contratista.

Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, refiere que el nombramiento de Mury es inconstitucional y por ende es necesaria su inmediata destitución. Además señaló que es necesario que se investigue «si es cierto que usó el cargo para otorgar contratos a una empresa de la que es parte, habrí­a el delito de colusión».

También lamentó que el Ministerio Público no haya actuado de oficio y junto con la Procuradurí­a General de la Nación en la mayorí­a de ocasiones no accionan en contra del gobierno, cuando su papel es de asesor del Estado y tendrí­a que recomendar qué acciones no son posibles, resalta Mencos.

«La ética es más importante y va en contra de todo principio ético que deberí­a regir al Estado», indicó.

INICIAN PESQUISAS

El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, señaló que en esa dependencia ya se encuentran investigando al funcionario, por lo que se solicitaron los contratos que se han suscrito con CONASA, para determinar si realmente se adjudicaron las obras, como lo denunció ayer La Hora en base de lo que aparecí­a en el portal electrónico de Guatecompras.

También pidieron al Registro Mercantil los nombres de quienes comparecieron a otorgar la escritura constitutiva de la entidad.

«Denunciaremos si hay algún ilí­cito, tráfico de influencias o aprovechamiento del cargo», dijo Mencos, reiterando que un funcionario público no puede ser contratista del Estado y citando el artí­culo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado que también lo establece.

Según explica el Contralor, en el CIV ha habido algunas situaciones donde algunos han sido contratistas del Estado y después pasan a ser funcionarios públicos, pero durante la administración como funcionarios públicos suspenden cualquier actividad comercial con el Estado y no tienen ningún contrato que como funcionarios públicos hayan firmado. El mandato es un contrato de conformidad con el Código Civil.

En los próximos dí­as se podrá accionar en contra de quienes hayan cometido falta, enfatizó el Contralor, quien explicó que sólo es necesario analizar los documentos para respaldar la denuncia y si fuera objeto de sanción, podrí­a ir desde 2 mil a 80 mil quetzales, pero de lo contrario se presentará la denuncia ante el MP.