Una investigación de La Hora reveló que el viceministro financiero del Ministerio de Comunicaciones, Alfredo Estuardo Mury Aguirre, a pesar que la ley lo prohí­be, es mandatario especial con representación de la entidad Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA), una de las mayores contratistas del Estado. Coincidentemente, a partir de su nombramiento como funcionario público, la empresa incrementó el flujo de obras a ejecutar y se benefició con millonarias adjudicaciones, lo que despierta un debate sobre el conflicto de interés, el tráfico de influencias y la legalidad, además de generar suspicacias entre analistas y expertos.

Por medio de la escritura pública número ciento treinta y cinco, autorizada en esta ciudad el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el ingeniero Hugo Eduardo Mayorga Peralta, actuando en representación de la entidad Constructora Nacional, Sociedad Anónima, otorgó mandato especial con representación a favor de Mury Aguirre.

En el mandato se lee que fue otorgado expresamente «para que en nombre de su representada, pueda suscribir ofertas y cotizaciones, contratos ante instituciones del Estado, Municipalidades o entidades de derecho privado para la ejecución de proyectos de construcción de obras de infraestructura de cualquier tipo, así­ como toda la documentación legal y técnica de los proyectos que ejecuten. Asimismo, podrá contratar personal y decidir su cese de funciones».

En el Registro Mercantil de la República aparece el mandato vigente y tiene número de expediente 3888 – 2000. El mandato además que no ha sido cancelado ante dicho Registro, está vigente porque así­ lo dispone el Código Civil de nuestro paí­s.

La Constitución Polí­tica de la República establece que Mury, en su calidad de Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, también es el encargado de «dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con el Ministerio».

El funcionario fue designado, en mayo del 2009, en la cartera de Comunicaciones, especí­ficamente en el área financiera-administrativa, siendo además mandatario con facultades especiales de CONASA. Dicha entidad es una de las empresas que más contratos tienen con el CIV.

MILLONARIOS CONTRATOS

Durante el 2008, el portal del sistema Guatecompras solamente reporta tres contratos adjudicados a CONASA. En mayo del 2009, Alfredo Mury toma posesión como Viceministro del CIV, institución encargada de contratar empresas para la construcción vial y los contratos se multiplican.

La suma de contrataciones asciende a Q492 millones 902 mil 749.08, durante el 2009. Siendo la encargada de la rehabilitación de la carretera de Escuintla y Puerto Quetzal, así­ como el recapeo de carreteras en el occidente del paí­s.

También, obtiene adjudicaciones en Quetzaltenango, Petén, Retalhuleu, Huehuetenango y de esta forma tiene presencia en las principales ví­as de comunicación del paí­s, muchas de las cuales han sido denunciadas por el Colegio de Ingenieros por la falta de calidad en la construcción.

Se intentó conocer la versión del ingeniero Alfredo Mury, pero no fue posible localizarlo en su celular. Se le visitó el dí­a de ayer en el Ministerio de Comunicaciones, pero se nos informó que estaba en una reunión y que no era posible atendernos.

Además, se intentó contactar al ingeniero ílvaro Mayorga, para conocer su opinión respecto al viceministro Mury, quien a la vez es mandatario de CONASA, sin embargo en su oficina se nos indicó que no se encontraba.

PROHIBICIí“N

La Carta Magna prohí­be fungir como viceministros y ministros a «los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios», de acuerdo con el artí­culo 197, inciso d.

Y de acuerdo con el artí­culo 450 del Código Penal, comete el delito de fraude aquel «funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratos, ajustes, o liquidaciones de efectos de haberes públicos, se concertare con los interesados o especuladores, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado» y será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

La diputada Nineth Montenegro, presidenta de la comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia, refiere que es necesaria la destitución de Mury, puesto que la Ley prohí­be que ocupe el cargo actual mientras representa a una empresa contratista de obras del Estado.

También critica el conflicto de intereses, que refiere «es notable», porque sirviendo a una empresa privada tendrí­a sesgo hacia ésta.

La legisladora confirma que «alguien que funge como funcionario no puede ser contratista de obras y fue una de las causales que varios candidatos a magistrados no pudieran llegar al cargo». También insiste en la necesidad de investigar al funcionario para determinar responsabilidades penales.

«Es inaceptable; es un conflicto de interés absoluto y total», criticó al respecto Manfredo Marroquí­n, director de Acción Ciudadana, institución cuya misión es construir una sólida cultura polí­tica en la ciudadaní­a y los gobernantes, promoviendo prácticas y valores democráticos sobre la base de la participación ciudadana y la transparencia.

Marroquí­n resaltó que por ética mí­nima no es recomendable hacer este tipo de nombramientos en cargos públicos. Además lamentó que todo el sistema de inversión pública en construcción e infraestructura sea corrupto, por lo que recomienda hacer una reforma total al sistema.

Además del cambio de la Ley de Compras y Contrataciones, Marroquí­n hace un llamado al sector privado para hacer un compromiso más serio para que no se vea involucrado y responder a peticiones de comisiones, como se hace en su mayorí­a.

El director de Acción Ciudadana lamentó que por medio de comisiones, se gane la voluntad de muchos funcionarios públicos al momento de adjudicar obras.

MALA PLANIFICACIí“N

Varios grupos sociales han demandado investigar a las empresas contratistas del paí­s. Hace algunos dí­as el Consejo Ecuménico en representación de las iglesias del paí­s exigí­an al Gobierno supervisar de mejor manera la construcción de carreteras, porque aducí­an que la asignación de obras respondí­a a favoritismo de empresas.

El arquitecto Francisco Ballesteros, experto en gestión de riesgo y socavación de puentes y rí­os, criticó que en la construcción de los puentes y carreteras no se hace la planificación correcta y por ende los deslaves ocurren.

Es necesario tomar en cuenta las caracterí­sticas individuales de cada proyecto para su construcción, recomendó el arquitecto, quien critica que las empresas contratistas muchas veces no hacen los análisis necesarios del cauce del rí­o, la cantidad de agua que cae y el nivel de crecida máxima.

Para la reconstrucción es necesario determinar por qué se cayó un puente o un alud de tierra, por lo que el experto señala que hay que replanificar en un mejor sentido la cantidad y calidad de las obras porque el riesgo es más alto.