Lo estatal durante mucho tiempo fue calificado de inoperante, inútil y burocrático en su acepción más despectiva (inoperante por exceso de papeleo). Pero también al servidor público (desde el que está detrás de un escritorio o ventanilla, hasta el docente cargado de mí­stica y alta entrega a su labor, como la esmerada enfermera o el voluntarioso médico) fue enaltecido con los más altos calificativos y gran reconocimiento por la ciudadaní­a. Lo público no siempre fue sinónimo de mal funcionamiento. Por el contrario, en algún momento poco antes del inicio de la década de los 50″s en el siglo pasado, el auge a la educación promovido y legado del movimiento revolucionario del 44, provocó un verdadero desafí­o a las condiciones de productividad imperantes. Y vino lo inevitable desde la perspectiva del interés ajeno. La intervención. La distorsión. El atropello. La humillación. El primer y gran vací­o institucional. Se nos arrebataron nuestras propias conquistas (de los guatemaltecos de aquellos años claro está).

La sucesión de gobiernos, unos con fachada electoral, otros por la ví­a del golpe militar, hizo acentuar un lento pero incesante proceso por menoscabar la institucionalidad de lo público. Y así­ llegamos a la era democrática ahora imperante. Y lo público se empezó a visualizar como sinónimo de corrupto. Y los ejemplos sobran. Se dijo que un corrupto desenvolvimiento requiere de al menos dos actores. El corrupto y el que se deja corromper. Este último por la «necesidad» de acelerar un proceso y en su favor claro está. Se fijó la atención en el corrupto «público» y no en el corruptor «privado». La costumbre se impuso.

Pero vinieron otros vientos. La «oportunidad» de un rescate, una revaloración. Si el servicio público como tal es un bien y éste se administra con criterios de eficiencia empresarial, entonces el servicio será más ágil, de mejor calidad y no se prestará a manoseos. Se argumentó. Era a mediados de la década de los 90. La ola mundial llevaba sobre su cresta la imposición del mercado como la gran solución a los males sociales. Sus leyes inmutables de «oferta-demanda» se impondrí­an por sobre cualquier criterio discrecional del decadente y rí­gido estatismo. Hace dos años tal modelo mostró su verdadero rostro y la sacudida fue global. Y en nuestra casa, no hemos podido recuperarnos del vací­o institucional que se ha producido de manera sostenida en los últimos quince años.

Hoy las figuras emblemáticas contemporáneas más representativas del vací­o, la oquedad y la ausencia de institucionalidad y, en consecuencia de un eficiente cumplimiento de las funciones para las que han sido diseñadas, lo constituyen sin lugar a dudas el Registro Nacional de las Personas, enredo normativo derivado de una mala copia de normas sudamericanas y tal cual auténtico monstruo suma de partes, parches y remiendos, se devela con toda su inoperancia (desde su origen). La intervención no hace sino acrecentar otro tipo de dudas. Generar más tentaciones autoritarias cobijadas bajo el imperio de las togas de los magistrados constitucionalistas que, cual más severos autócratas, imponen sin discusión sus resoluciones. Supremací­a dictada por ley con el espí­ritu de hacer prevalecer el estado de derecho y el régimen de legalidad, pero ahora altamente manoseado y distorsionado por los acordes dictados del capital (otra vez). Y de nuevo, la vuelta de la noria. Acentuando el vací­o institucional.

El otro ejemplo emblemático, la toma de la sede universitaria. En un paí­s como el nuestro esto pasa de lo paradójico a lo inaudito. Y de nuevo nos podemos preguntar: ¿Quién patrocina, por qué patrocina? este movimiento «estudiantil». La defensa de un derecho, pisoteando otros. Un vací­o llenado de hoyos, ni modo.