Una entidad pública llamada a tener presencia en todos los rincones del territorio nacional conlleva la idea de un Estado fuerte o por lo menos con la visión de serlo. Eso no es del todo cierto o por lo menos en estas latitudes donde hay poderes mucho más influyentes que aquel, donde la noción de lo público ha sido devaluada e intercambiada por la idea de lo privado. Las instituciones de servicio social representan la cara del Estado en la implementación de la política pública, y de tal manera la calidad, eficiencia del servicio y la disposición a la atención social caracterizan la forma social de Estado, es decir la relación que establece el individuo y el ente estatal. Hubo un tiempo en que la única noción de esa relación en Guatemala era la presencia del Ejército, institución que tenía la capacidad y la intención de manifestarse en todos los rincones del país, era el tiempo del Estado autoritario y en tal sentido la relación social estatal era militarizada. En este orden de ideas, la forma social del Estado guatemalteco ilustra muy bien el caos y la desigualdad que caracterizan esta sociedad, los pulsos entre Gobierno y el sector empresarial lo demuestran.
En este sentido, la creación e implementación de una institución como el Renap lleva en la esencia de su creación aquellas contradicciones y limitaciones antes dichas, y por lo tanto su tara y su ineficiencia estaban inscritas desde el principio; nuevamente, se mantiene pendiente la reflexión sobre el tipo de Estado que le sirve a este colectivo social. La discusión sobre la conveniencia de intervenir o no a una entidad autónoma está ya en segundo plano porque lo importante es la implementación de los correctivos y previsiones que haya que impulsar para la institución del Renap. Inicialmente hay que decir que la disposición natural y decente para crear una entidad registral en términos de diseño institucional, supone de manera amplia tres procesos que deben darse en orden y no al mismo tiempo como se hizo en Guatemala. El primero es crear la institución con todo lo que ello implica sobre dotación segura de recursos, compromiso político de todos los actores y respaldo estatal que le provea seguridad jurídica. El segundo es la captura, centralización e integración de los registros civiles antes dispersos en las Municipalidades y ahora reunidos en una sola entidad. El tercero es la emisión del Documento Personal de Identidad como uno de los servicios, pero no el único. La evolución de los Estados modernos se ha caracterizado por el desarrollo de entidades de registro civil, que facilitan entre otros, el monitoreo a las políticas públicas regionales y nacionales o el orden de los servicios de relacionamiento y certeza jurídica de la condición civil.
El Renap tiene problemas de orden técnico, administrativo, normativo y político, mismos que pueden ser atendidos de manera urgente con la normalización de sus funciones, pero también con reformas a su marco legal que deben tener en primera instancia, una respuesta a la conveniencia de extender la vigencia de la cédula de identidad, porque el proceso electoral asoma por la esquina. Sin embargo lo importante debe ser la efectiva posibilidad que esta institución se desarrolle sobre la noción del servicio público, con procesos transparentes y modernos que aseguren el efectivo cumplimiento de su mandato, la función registral civil. El pulso entre poderes de distinto pelaje se cierne sobre una institución que tempranamente padece desprestigio y desconfianza, pero que es estratégica en la construcción de Estado. Lo que está en juego no sólo es el interés por los contratos de los procesos tecnológicos en la emisión del plástico del DPI, es la efectiva posibilidad que el Estado de Guatemala tenga control del registro civil con todo lo que eso significa o posibilita en términos de relación social.