El pasado viernes, el licenciado Juan Antonio Mazariegos, experto penalista de Guatemala, publicó en La Hora una columna que constituye, a mi juicio, un valioso aporte para entender correctamente lo que se pretende y las limitaciones que se derivan de la figura del Colaborador Eficaz en un proceso penal, cuyos beneficios se regulan en el Decreto 17-2009 del Congreso de la República a instancias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
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El caso más destacado que hay al respecto es el del coronel Jacobo Salán, quien afirmando que en la casa de Alfonso Portillo pudo ver apiñados más de cien millones de quetzales en efectivo, en billetes fajados con precintos del Banco de Guatemala, busca librarse de la responsabilidad en el delito del saqueo del erario público durante ese gobierno. Sin embargo, como bien apunta en términos generales el licenciado Mazariegos, no pueden otorgarse beneficios de colaboración eficaz a quienes son o han sido jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.
En cambio, ayer en Prensa Libre opina torpemente un señor Javier Monterroso, en nombre de una entidad que se presenta pomposamente como Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, diciendo que «pareciera estar claro que en el caso Portillo, Alfonso era el jefe de Salán», lo que pone en evidencia el ridículo que hacen analistas de la llamada sociedad civil al no entender cómo funcionan los poderes paralelos, porque Portillo fue instrumento del grupo de Ortega, Salán y Rojas.
Es lo mismo que pasa ahora. Los que gobiernan creen que ellos están usando a los grupos clandestinos sin darse cuenta que los otros son permanentes, siguen sin que importe quién gobierna y hacen de las suyas con todos los regímenes porque son en la práctica el poder fáctico, el poder real.
No entender esa realidad es un error fatal para una sociedad como la nuestra y es penoso que existan analistas que no atinen a comprender la realidad. Claro está que jerárquicamente el presidente Portillo estaba sobre su jefe de seguridad y que desde el punto de vista formal Salán era apenas un subalterno que seguía órdenes precisas de su jefe. Pero quien tenía la costumbre del poder y sabía cómo se hacían las cosas, tanto así que en pocos meses se permitió a Portillo acumular cien millones de quetzales, era quien había estado adentro de las entrañas mismas del poder y esos eran, justamente, los militares de La Cofradía.
Este pobre señor dice que en el caso de Pavón es más difícil establecer la línea de mando. Yo estoy convencido que en el caso del desfalco, la CICIG intervino precisamente porque se usó una estructura paralela, un cuerpo clandestino, para concretar el saqueo y que en el mismo el jefe no fue, ni por asomo, Alfonso Portillo. Si Portillo hubiera sido el jefe, cabecilla o dirigente del grupo criminal, no estaría en el tambo porque así es como funcionan las cosas en el país.
La colaboración eficaz que se ofrece es eficaz simplemente para cerrar la investigación que pueda ir en otra dirección hacia el desmantelamiento de ese poder ya no tan oculto. Y así como usaron a Portillo para saquear el erario durante su gobierno, ahora lo usan para ponerle con él la tapa al pomo y cerrar las líneas de investigación que pudieran permitir el esclarecimiento de lo que ha sido ese poder secreto durante tantos años, desde los tiempos de Lucas García hasta nuestros días.
La libertad de expresión es amplia y hasta permite hablar babosadas, como las que expresó este analista presentado por Prensa Libre como autoridad para opinar sobre la forma en que actúan los poderes paralelos en Guatemala. Esas imprecisiones y falta de rigor en la investigación es lo que siempre descalifica a buena parte de la llamada sociedad civil.