El Gobierno, luego de las vacilaciones de rigor, anunció ayer la intervención del Registro Nacional de las Personas debido a las múltiples anomalías que se han dado en esa entidad y que obligaron a suspender la obligación de usar el DPI para las próximas elecciones. Hay que decir que es otro caso de que aquello que empieza mal termina peor, puesto que desde el inicio cuando se licitó la emisión del Documento Personal de Identidad que habría de sustituir la Cédula de Vecindad, fue obvio que lo más importante era la dedicatoria para uno de los financistas de campaña del actual gobierno.
La necesidad de un documento de identidad confiable ha sido el motor atrás de la idea de crear el Renap y de tecnificar la emisión de ese instrumento. Pero como ocurre con todo lo que ahora se hace, era más importante asegurarle al financista que se pudiera beneficiar con el documento y que el banco utilizado preferentemente por el gobierno actual para ciertas operaciones tuviera a su cargo todo lo relacionado con el DPI, por lo que se descuidaron por completo las cuestiones administrativas relacionadas con la prestación de un buen servicio y la consecuencia es que se tiene que proceder a la intervención que tiene, por supuesto, aristas legales muy discutibles.
Creemos que es una tontería que el Estado decida intervenirse a sí mismo, puesto que se debieran aplicar los correctivos necesarios para resolver los problemas dentro del marco institucional. Al fin y al cabo era cuestión de claridad y voluntad política de quienes conforman el directorio de la institución para designar al personal idóneo que sustituyera a los que se prestaron a los manejos iniciales que, como decimos, tenían que ver más con el negocio de asignación del contrato que con otras consideraciones.
Parte del daño está hecho, pero ahora hay que ver que el Gobierno, el mismo gobierno que tiene marcado interés electoral, más que cualquier otro por la participación de la misma esposa del Presidente, asume el control del Registro y de la emisión del documento de identidad personal que si bien no será requisito para esta elección, sí que podrá ser utilizado en la misma. En otras palabras, la intervención asigna al gobierno de ílvaro Colom el control de la entidad en condiciones poco alentadoras.
Hablar de control y fiscalización del TSE, el Congreso y de los sectores sociales sale sobrando porque sabemos que no habrá tal control. Simplemente se abrió el arca para que el Gobierno sea el encargado de tener el control absoluto de la institución llamada a llevar el registro y otorgar identificación a todos los ciudadanos guatemaltecos.