Dirigentes de 18 comunidades indígenas guatemaltecas situadas cerca de una mina de oro de capital canadiense demandaron este miércoles que suspenda sus operaciones, invocando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió medidas cautelares por supuesta contaminación.
«Nosotros reclamamos un derecho justo porque lo que estamos denunciando es la verdad: la contaminación del agua, la destrucción de nuestra tierra y la división de nuestros pueblo porque ahora hay un conflicto social», afirmó en rueda de prensa el líder indígena Víctor Vicente Pérez.
Explicó que desde el pasado 20 de mayo, la CIDH, con sede en Washington, solicitó medidas cautelares para las 18 comunidades próximas a la mina Marlin, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, pero han pasado cuatro meses sin que se hayan adoptado las medidas.
Las comunidades pertenecen a los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, unos 280 km al noroeste de la capital, donde está instalada la mina de oro desde 2005, cuando inició operaciones.
«Â¿Cómo es posible que una empresa extranjera llegue a nuestras comunidades a quitarnos nuestras tierras nativas, a contaminar el agua y a destruir nuestra madre tierra?», se preguntó Pérez.
Otra líder de la comunidad, Crisanta Pérez, exigió al gobierno del presidente ílvaro Colom «tomar en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión, debido a todo el daño que (las operaciones de la mina) está causando en nuestras comunidades».
Pérez, quien tiene orden de captura junto a otras siete mujeres desde el 2008, aseguró que la persecución en su contra es por «defender nuestros recursos y territorios».
Asimismo, aseguró que unas 140 viviendas tienen fisuras debido a la vibración causada por el uso de explosivos en la mina y el paso constante de vehículos pesados de la empresa.
El representante legal de las comunidades, Carlos Loarca, explicó que la mina entregó el pasado 31 de agosto un memorial ante el ministerio de Energía y Minas en el que busca exculparse de la contaminación en los mantos acuíferos.
No obstante, en los documentos reconoce que los niveles de arsénico y sulfato están hasta cinco veces más sobre los estándares establecidos por el Banco Mundial y guías de Estados Unidos.
Por ello, decenas de pobladores tienen laceraciones en la piel, diarreas y caída de cabello. También pruebas de orina determinaron la presencia de metales pesados en la sangre, según estudios hechos por la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Esos estudios, así como otros independientes, serán presentados ante el ministerio de Energía y Minas antes del 4 de setiembre próximo para lograr que esa cartera suspenda temporalmente las operaciones de la mina.
A mediados de junio pasado, el Estado guatemalteco aceptó la resolución de la Corte, pero hizo énfasis en que estudios del ministerio del Ambiente no muestran contaminación del agua para consumo humano, por ello pidió un lapso para profundizar en las investigaciones.