Los integrantes de EPA han sido criminalizados por los sectores opositores a sus reivindicaciones. El uso de capuchas ha sido el pretexto más socorrido lo cual resulta explicable en personas que desde una posición conservadora observan el conflicto universitario en curso. Semejante criminalización la observé en el contexto del alzamiento zapatista en el México de 1994 cuando los insurgentes aparecieron con los ya famosos pasamontañas. De igual manera sucedió con los pobladores de San Salvador Atenco que hace algunos años lograron evitar la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. En sus marchas los pobladores llevaban machetes y caballos evocando a las fuerzas revolucionarias de la segunda década del siglo XX. En ambos casos la criminalización por las capuchas y machetes fue un arma de ataque contra el movimiento. Por cierto la capuchas no fueron un obstáculo para que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y después el de Ernesto Zedillo se sentaran a dialogar y buscar una solución negociada con los zapatistas. Lo que me sorprende es que algunos de mis colegas sociólogos que incluso proceden de la izquierda se hayan unido al coro de las voces que criminalizan al EPA. Se olvidan y por razones de su oficio no lo deberí­an hacer, que la capucha fue un sí­mbolo de rebeldí­a contra una dictadura terrorista en los principios de los ochenta. También en las luchas que se observaron ya con gobiernos civiles, pero que coexistí­an con el aparato de terror contrainsurgente que daba zarpazos feroces como el secuestro y asesinato de la dirigencia de la AEU en 1989. No es lo mismo una capucha en el rostro de las hordas eferregistas en aquel famoso viernes negro que la que ahora ostentan algunos integrantes de EPA.

Hoy nuevamente observamos la criminalización de las luchas sociales y en este caso la que ha encabezado EPA. Partiendo de la idea de que lo que están haciendo sus integrantes es una acción delincuencial, una mayorí­a de 26 integrantes del Consejo Superior Universitario están pidiendo que las fuerzas de seguridad pública, repitan la tropelí­a que cometió el 3 de septiembre de 1985 la dictadura encabezada por el general Oscar Humberto Mejí­a Ví­ctores. Un representante ante el CSU de la Facultad de Humanidades ha dicho que pedirá la intervención de la CICIG porque le parece evidente que «un cuerpo paralelo y clandestino está detrás de EPA».

Detrás de EPA se encuentra solamente la indignación que ha provocado en un sector universitario el proceso de degradación que ha sufrido la universidad pública en el contexto neoliberal: reducción abierta o vergonzante del subsidio estatal, exámenes de admisión que se convierten en el pretexto para achicar el número de estudiantes que pueden gozar de los beneficios de la educación superior, crecimiento del autoritarismo en las formas de gobierno universitario, la utilización de los puestos de conducción universitaria como trampolí­n polí­tico, la injerencia gubernamental a través de recursos de todo tipo en las elecciones universitarias, corrupción notable en algunas de sus facultades. Decir esto no es hacerle el juego a las universidades privadas, sino señalar de manera crí­tica algunos de los problemas que deberí­an ser tratados en el eventual Congreso Universitario que se ha perfilado en el contexto del conflicto.

Las autoridades de la Usac tienen que dar una muestra de buena voluntad para que el contexto para dicho Congreso sea el más favorable. Deberí­a dejarse en suspenso la decisión de la Corte de Constitucionalidad que ha originado el conflicto y atender las demandas de EPA en el contexto del Congreso Universitario.

Y sobre todo no apelar al uso de la fuerza para resolver el conflicto.