Como ocurre anualmente, Estados Unidos acaba de emitir su célebre «certificación», que no es otra cosa que un listado de gobiernos que, a criterio de la administración norteamericana, colaboran o no en la lucha contra el narcotráfico, aunque en esta oportunidad descartó aplicar «sanciones», como ocurría anteriormente. Además, según un despacho de la agencia EFE publicado en La Hora, la opinión unilateral de Washington es que Bolivia, Venezuela y Birmania fracasaron en cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el crimen organizado, que «son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos», subraya el texto firmado por el presidente Barack Obama.
  Por supuesto que la producción de drogas en países latinoamericanos, especialmente Colombia, Ecuador y Bolivia y el subsiguiente tráfico de estupefacientes al mercado norteamericano constituyen un peligro real al pueblo de Estados Unidos, y de esa cuenta el informe o la «certificación» de Washington incluye un listado de países que por su ubicación geográfica «son especialmente vulnerables» al narcotráfico, que incluye a Guatemala y Panamá, pero la nómina alcanza a los países mencionados y a Bahamas, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, en lo que concierne al continente americano.
  Mientras que en varias naciones latinoamericanas, especialmente México, con frecuencia, y esporádicamente Guatemala, son capturados capos de carteles del narcotráfico e inmediatamente extraditados a Estados Unidos, es muy rarísimo que en alguna ocasión se publiquen noticias referentes a la aprehensión de jefes de bandas de distribuidores de droga en esa poderosa nación, porque aparentemente el gobierno norteamericano no realiza esfuerzos contundentes para evitar el ingreso de estupefacientes a su territorio, y tampoco establece rigurosos controles para impedir el trasiego de armas a las bandas de criminales que operan en México, Guatemala y otros países latinoamericanos.
  Hasta cierto punto, asombra que Washington «certifique» a las naciones productoras de drogas o cuyos territorios se utilizan para transportarla hacia Estados Unidos; porque pareciera que el gobierno norteamericano no le presta la debida atención al incremento de drogadictos en su propio país, puesto que el consumo de drogas ilegales en esa potencia mundial aumentó hasta el 8.7 % en 2009, a causa en gran medida al alza del uso de la marihuana, lo cual ha roto la marca o el récord de los siete años precedentes, según datos de la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abuso de Substancias, con base en una encuesta levantada entre 67,500 personas.
  El año anterior se estimaba que 20 millones de estadounidenses consumían algún tipo de drogas asiduamente, lo que significa -como lo indiqué en un artículo de mayo pasado- que miles de millones de dólares enriquecen a los narcotraficantes, que no son sólo de origen latinoamericano, necesariamente, porque no se puede ser tan ingenuo de pensar que no operen bandas de traficantes de droga originarios de Estados Unidos que distribuyen las substancias prohibidas, especialmente a menores de edad y jóvenes norteamericanos, pero también a adultos.
  Insisto en afirmar que el más neófito conocedor de las reglas del mercado tiene conocimiento de que si no hay demanda decrece o se anula la oferta, y de ahí que si disminuyera el consumo de drogas en Estados Unidos, también declinaría la actividad de los narcotraficantes en su afán de enviar su mercancía al mercado norteamericano. Pero ¿quién osa certificar a Washington?
  (El fiscal contra las drogas Romualdo Tishudo le cuenta a un gringo de vacaciones en Panajachel: -Conocí al hijo de un par de drogadictos, quien era tan raro que en lugar de bautizarlo, mejor lo patentaron).