La actual moda justiciera es darle el título, asignarle la función o calificar a una persona de «colaborador eficaz», se supone con el fin de hacer justicia pronta en Guatemala. Cuentan que lo mismo se hace en otros países, sin embargo, pregunto: ¿será que lo que funciona en otras partes, aquí también haría lo mismo? Disculpen mi incredulidad que a lo mejor proviene de mi ignorancia, pero soy del criterio que un asesino confeso no debiera inspirar ninguna confianza, al menos a este aprendiz de escribiente no se la merece, peor aún para dar fe en juicio, cuando no hace mucho le soltara fríamente a un ser humano un par de plomazos, salir corriendo y porque Dios es grande la Policía lo haya capturado en plena fuga. Algo así ocurrió no hace mucho en el sonado caso del vil asesinato del licenciado Rodrigo Rosenberg y a estas alturas, el reo liberado de toda culpa ya puso sus pies en polvorosa.
Pero la designación no termina simplemente en basar todo un proceso judicial en una declaración que muy bien pudiera ser falsa de toda falsedad, sino que el doctor Alejandro Giammattei, a quien se le sindicara de ser cómplice de una ejecución extrajudicial de ocho reos, por haber ejercido el delicadísimo cargo de Director del Sistema Penitenciario y cuando a todos nos constaba que la cárcel de Pavón estaba en manos de los reos y no de las autoridades, acaba de declarar públicamente que: «había recibido una llamada telefónica de un personaje de la CICIG que se hacía acompañar por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien le dijo que lo que más le convenía era entregarse porque si lo hacía lo declararían «colaborador eficaz». ¿Qué tal?, ¿le parece a usted estimado lector, que se siga aplicando la justicia en Guatemala de esa manera, a base de arreglos ex oficio, fuera de toda corrección e incluso faltando a la verdad con tal de quitarse un delito y la pena consecuente de encima? Por ello, la denuncia del doctor Giammattei debiera ser analizada a fondo, como amerita poner en tela de juicio este procedimiento, el que muy bien conociendo a mi pueblo, podría volverse un modus operandi para que cualquiera pueda burlar y violar fácilmente a la señora llamada Justicia. Prueba de lo anterior, está la anunciada disposición de don Jacobo Salán Sánchez para dar información de cómo se fraguó el saqueo de Q120 millones al país. No soy penalista, criminólogo o experto en derecho procesal, sino simplemente una persona con suficientes años encima que le permiten hacer juicios de valor de un procedimiento que a la legua huele mal, que a la distancia, en manos de un juzgador equivocado o deshonesto, podría servirle de arma de dos filos, fuera para liberar a un culpable, como para culpar a un inocente. ¡Piénsenlo bien por favor!