Representantes de las 18 comunidades de los alrededores de la mina Marlin, en San Marcos, reiteraron su solicitud para suspender las actividades de explotación minera en la región, mientras argumentan que hay más de 70 familias en riesgo y que un informe de la misma empresa revela que han muerto por lo menos seis personas como resultado de la contaminación.
ecoronado@lahora.com.gt
La mina Marlin se encuentra localizada en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos. Según explicaron los representantes legales de los pobladores, la misma empresa ha documentado en una evaluación reciente de derechos humanos sobre la mina, que en la construcción fallecieron por lo menos tres personas y el año pasado fallecieron tres más.
Varios informes aseguran la presencia de minerales pesados como cobre, aluminio, arsénico, hierro, manganeso, zinc y nitrato en los ríos Tzalá y Quivichil, que se ubican en el área de influencia de la actividad minera; los resultados serán presentados el próximo 4 de octubre en una audiencia fijada por la Dirección General de Minería.
Además denuncian que hay personas que están enfermas porque tienen contacto directo con el cianuro que les salpica y como resultado tienen manchas en la piel, mareos y otros síntomas nerviosos que les afectan.
También protestan por que la mina tenga turnos de 12 horas, con un nivel de sobreexplotación. Uno de los vecinos de la comunidad, quien se dedica al cultivo de café, dijo que exportan el producto a otros países, pero el fruto que pasa cerca del río o que es lavado con esa agua no lo envían, por la misma presencia de metales dañinos.
La información fue presentada por pobladores, representantes legales con apoyo de la cooperación de Holanda y refieren que el próximo 4 de octubre enviarán resultados al Ministerio de Energía y Minas.
Para verificar la existencia del informe elaborado por los representantes de la mina Marlin, intentamos comunicarnos al departamento de comunicación, pero no contestaron a las llamadas.
CAPTURA
Los pobladores denunciaron que el Ministerio Público, a través de la empresa minera, solicitó ocho órdenes de captura en contra de mujeres que impidieron que trabajadores ingresaran a sus viviendas para revisar cables de alta tensión.
El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, informó que ante esa instancia han sido presentados cinco amparos y dos acciones de inconstitucionalidad por conflictos ambientales, de los cuales todavía están a la espera de resolverlos, junto con la decisión final de la explotación petrolera en el departamento de Petén.