Desde la semana pasada, por ello mismo, dos bancadas en el Congreso se han pronunciado a favor de una Ley Antimaras propia, mientras que el presidente ílvaro Colom prometió revisar las propuestas para evaluarlas.

Supongo que la mayorí­a de la población estarí­a de acuerdo a la vigencia de una Ley Antimaras, debido a que la percepción hacia estos grupos es de considerarlos como asociaciones ilí­citas y criminales. Y tienen razón.

Sin embargo, me preocupa que el Estado, de un tiempo para acá, sólo haya imaginado y aprobado legislación penal, criminalizando actividades. Esto, por supuesto, es sí­ntoma de que vivimos en una sociedad dominada por el crimen y que, si algo es urgente, es detener las actividades criminales. A donde quiera que se observe, se puede ver que los delincuentes han aprovechado la debilidad institucional para aprovecharse y obtener ganancias ilí­citas, por lo que también, donde quiera que se mire, se pueden observar posibilidades de legislación.

Entre estas leyes y reglamentos aprobados contra delitos (por ejemplo, robo de celulares, feminicidio, adopciones ilegales y sicariatos), cabe destacar que ninguna ha funcionado, ya que los ilí­citos continúan. ¿Leyes inoperantes? ¿Falta de voluntad polí­tica? Cualquiera que sea el caso, es evidente que con crear una legislación no se resuelve el problema.

En el caso de una posible Ley Antimaras, considero que la legislación está de más, porque la percepción ciudadana de que los miembros de maras son delincuentes, es porque cometen delitos que ya están penalizados en la ley. El problema es que no se persiguen a los malhechores.

Por ejemplo, el sicariato es un delito per se y ya se encontraba penalizado en nuestra ley. El haber modificado el Reglamento de Tránsito para obligar a motoristas a uniformarse con chaleco y números visibles de sus placas, no sólo no resolvió el problema, sino que criminalizó a la mayorí­a de motoristas.

Una Ley Antimaras, no sólo no resolverí­a el problema, sino que criminalizarí­a a jóvenes por su forma de vestir, por sus tatuajes o por ser sospechoso. ¿Son todos los mareros delincuentes?¿Qué pasará con los que han renunciado a las maras, pero aún poseen los tatuajes?

Aunque me alejo del tema de una Ley Antimaras, me parece sintomático el evidenciar que la esperanza de vida de un marero difí­cilmente supera los 40 años. De hecho, creerí­a que no superan los 30 años, y eso si les va bien, ya que la esperanza de vida de un marero rondarí­a los 25 años, y la principal causa de mortalidad serí­a la violencia extrema.

La mara ofrece un sistema familiar-laboral-educativo que sustituye a un sistema formal que el Estado es incapaz de ofrecer. Las pandillas ofrecen, como una oferta laboral muy atractiva, crecer rápidamente dentro de la «empresa», sin necesidad de experiencia previa ni grados académicos, además de ganancias rápidas.

La clave por descifrar es determinar qué empuja a niños y jóvenes a optar por este sistema de ganancias rápidas a cambio de una vida corta. ¿Es preferible una vida más o menos estable, pero corta, a una vida larga, pero sufrida? El Estado, pues, deberí­a modificar las condiciones de vida de los jóvenes en riesgo, para ofrecer posibilidades de una vida larga y buena. Esto, unido con un combate eficiente al crimen, volcarí­a las opciones de los jóvenes a preferir mejor una vida dentro de las reglas sociales, en vez de optar por una vida criminal llena de riesgos.

Como dije, me preocupa que el Estado esté legislando únicamente con una visión penalista, y no se haya creado en mucho tiempo una ley de fomento de actividades lí­citas. En vez de una Ley Antimaras, se deberí­a proponer una Ley de Fomento al Desarrollo de la Juventud, para darle una connotación positiva.