El juicio a Alfonso Portillo y la declaración de uno de los militares que contribuyeron al saqueo en el sentido de que en la casa del ex mandatario había más de cien millones de quetzales, obliga a replantear el tema del control y fiscalización de los gastos militares, puesto que desde que constitucionalmente se suprimieron los gastos confidenciales, se aconsejó malévolamente a Ramiro de León Carpio que usara el concepto del secreto militar para sustituir esas partidas con las que maneja el Ministerio de la Defensa Nacional.
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Todos los presidentes desde entonces han ordenado transferencias de partidas hacia el Ministerio de la Defensa para utilizar el secreto militar como manto para cubrir el manejo de sus gastos confidenciales. El caso Portillo parece ser el más documentado por el trasiego que se hizo del dinero al Crédito Hipotecario Nacional pero, repito, todo empezó cuando a Ramiro le dijeron que no se preocupara por los confidenciales, porque para eso estaban los fondos del Ejército y empezó una carretilla que no termina, porque se volvió una costumbre que ha resultado conveniente y muy útil para quienes llegan a la Presidencia de la República.
Comparado el saqueo que se hace por esa vía con los negocios que hacen otros mandatarios, vendiendo empresas, manejando fideicomisos u otorgando concesiones de explotación de recursos, esa cantidad puede parecer insignificante, pero es de todos modos demasiado. Si un año después de estar en el gobierno, Alfonso Portillo pudo acumular en su casa 100 millones de quetzales provenientes del ministerio de la Defensa, cuánto será lo que en todos estos años se ha manejado de esa manera a lo largo de tantos gobiernos desde que se suprimieron los confidenciales. Por cierto, confieso que fui de los babosos que pensaron que el problema generado por el escandaloso manejo que hizo Jorge Serrano de esas partidas secretas se resolvía suprimiéndolas por decreto, en este caso mediante una reforma constitucional, sin suponer que se aplicaría aquello de que hecha la ley, hecha la trampa.
Y ciertamente lo mismo hay que suponer que ocurriría ahora si se establecieran mecanismos de control para evitar el mal uso del dinero destinado a gastos de defensa nacional, puesto que está demostrado que no se quita la maña de considerar que los mandatarios tienen derecho sagrado a gozar de partidas secretas para lo que se les antoje. Pero no podemos darnos por vencidos y hay que confiar en que mediante la suficiente presión pública, como se dio tras el serranazo cuando la gente se hartó de conocer para qué servían los confidenciales, se puede mejorar la situación.
Por cierto que la figura de colaboración eficaz está demostrando que es otro mecanismo para que la pita se rompa por lo más delgado. Nadie niega la acumulación de fortuna de Portillo, pero el verdadero poder paralelo, el grupo clandestino que le ayudó, debiera ser el objetivo fundamental de CICIG, porque fue precisamente creada para eso. El enjuiciamiento de Portillo es importante, pero resulta que el Cuerpo Clandestino que trabajó con él sale perfectamente librado, porque se logra hacer el quite aprovechando esa figura legal que tiene la finalidad de contribuir a que se aplique la justicia y no a que se pueda evadir el peso de la misma.
El tema del uso de los fondos militares todavía dará mucho de qué hablar, sobre todo porque no hay contralor que no se zurre a la hora de tener que hacer auditorías al ministerio de la Defensa.