La Ley Antipandillas salvadoreña entró en vigor hoy sin un gran despliegue policial y sin acallar las dudas de los jueces sobre su eficiencia, mientras en países vecinos se teme que la norma provoque la huída de delincuentes hacia donde se les castigue con menos severidad.
La puesta en vigor de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal se inició sin redadas ni mayor aspaviento, a pesar de que la Dirección de Centros Penales puso a disposición la remodelada cárcel de máxima seguridad de San Francisco Gotera, en el noreste del país, con capacidad para recibir a 500 detenidos.
Este lunes en las calles de San Salvador se observaba un patrullaje normal de la Policía y del Ejército y hacia el mediodía el único arresto reportado era el de un presunto pandillero involucrado en el asesinato de un chofer de autobús, quien será procesado por homicidio y no por infringir la nueva ley.
El procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, pidió a las autoridades no dar «falsas expectativas» de que con la ley se termina el problema de las pandillas, a las que se atribuye gran parte del alto número de homicidios cometidos en el país: 13 al día en promedio.
«No podemos darle a la población salvadoreña falsas expectativas de que la ley ya entró en vigencia y que mañana aquí ya no pasa nada, no es así la cosa, (la ley) es un instrumento que puede contribuir en la medida en que esta herramienta sea bien utilizada», comentó Luna.
En similar tono se expresó el juez Levis Orellana, al señalar que la ley «desde el punto de vista político-criminal, no soluciona el problema de la delincuencia, no lo va a solucionar en el futuro. Se trata de una ley administrativa».
«A la ley no le encuentro inconstitucionalidades. Lo que veo mal es que el Ejecutivo está haciendo sentir a la gente que con esto se va a comer a las maras (…) y no es cierto», declaró por su parte el juez Roberto Ortuño.
La ley establece que «son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como Mara Salvatrucha, MS 13, Mara 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao», prohibiendo además el financiamiento de las mismas.
Los líderes de las pandillas serán condenados a diez años de prisión y sus demás integrantes a seis años de cárcel.
En las cárceles hay unos 7.000 pandilleros presos, pero las autoridades estiman que en las calles hay otros 9.000.
Con base a la ley no es necesario que los mareros cometan algún delito para ser detenidos, pues basta con que sean miembros de las pandillas.
Pero la jueza Paula Velásquez aclaró que la Policía y la Fiscalía tendrán que «probar» que los detenidos pertenecen a una agrupación ilícita para poder aplicarles la nueva ley.
Hasta el 31 de agosto el hacinado sistema carcelario salvadoreño tenía 24.311 reclusos a pesar de tener una capacidad instalada para 8.110 internos, por lo que las autoridades plantean la construcción de nuevos presidios.
Luego de que en El Salvador entrara en vigencia la ley, en países vecinos como Guatemala y Honduras, sus policías han redoblado la vigilancia en las fronteras para evitar el llamado «efecto cucaracha»: la huída de pandilleros prófugos hacia donde se les castigue con menos severidad.
En Tegucigalpa, el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, declaró que mantiene en alerta a «unidades especiales» para evitar que pandilleros salvadoreños crucen la frontera y conviertan a Honduras «en un centro de descanso».
Por su parte, las autoridades de Guatemala anunciaron que las comisarías de los departamentos fronterizos con El Salvador reforzaron la vigilancia también para impedir el ingreso de mareros.