Nos imaginamos que vendrá una oleada de críticas contra el magistrado César Barrientos por haber afirmado que el Organismo Judicial no puede librar una batalla efectiva contra la corrupción que afecta al sistema de justicia, puesto que en Guatemala no nos gusta que nos digan la verdad. Pero su planteamiento es absolutamente correcto al decir que hay grupos de poder que impiden la depuración y que el clientelismo de los partidos políticos compromete la honestidad en el manejo de la justicia.
En la lógica de nuestra política, para que Barrientos pueda gozar del apoyo de sectores poderosos y llegar a la Presidencia del Organismo Judicial, tendría que jugar un papel más moderado, menos confrontativo, a fin de no herir susceptibilidades que puedan despertar antipatías. Pero esa lógica es la que nos tiene de rodillas porque en la medida en que los actores de la vida nacional se acomodan para asegurarse ventajas personales, terminan siendo parte de ese siniestro juego que tanto daño le ha hecho al país y a sus instituciones.
Lo dicho por Barrientos a personal de Prensa Libre es categórico y responde a la cruda realidad que vivimos. No hay, de momento, forma de proceder a un cambio que se traduzca en depuración y lucha contra la corrupción porque quienes tendrían que generar las instancias legales que lo hagan posible son, justamente, los representantes de los partidos políticos, que no del pueblo, quienes en el Congreso de la República tienen la sartén por el mango. Y en la misma administración de justicia existen mantos de poder, fraguados durante años de control que han ejercido grupos tenebrosos, que no permiten una administración correcta de la justicia.
Eso no quiere decir que no existan magistrados y jueces honorables que quieren cumplir con su deber, pero unos y otros están tan aislados, tan solos, que su trabajo se diluye y se pierde. Debajo de los magistrados correctos hay jueces que venden sus resoluciones al mejor postor y arriba de los jueces honestos, están magistrados que han sacado maestrías gracias al apoyo de esos grupos de poder paralelo que efectivamente tienen control del aparato de justicia.
Guatemala necesita una transformación seria y profunda, pero la misma no se puede hacer porque quienes tendrían que legislar para facilitar la depuración son, precisamente, los responsables de la podredumbre y de esa prevalencia del mal sobre el bien en la institucionalidad democrática. Los partidos políticos del país son la esencia misma del poder paralelo, organizado para tejer la chamarra que cubre la corrupción y a los corruptos, en vez de ser instrumentos de participación popular para canalizar la vida política de los ciudadanos que quieren lo mejor para el país.