Tomando como base el artí­culo 120 de la Constitución Polí­tica de la República, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio ví­a libre para que el presidente ílvaro Colom intervenga el Registro Nacional de las Personas (Renap); sin embargo, esta medida aún no es aceptada por organizaciones civiles.

«El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando se obstaculizare su funcionamiento», dice el artí­culo 120 de la Constitución y es la base en la que se apoya la resolución favorable de la CC.

El pronunciamiento de la CC aún no es oficial y se estima que este se haga el lunes próximo a las 11 de la mañana; allí­ deberán estar presentes los presidentes del Ejecutivo y Legislativo. Hasta ahora, Colom no ha dado declaraciones sobre si se realizará o no dicha intervención, pero en la sociedad civil este procedimiento aún no convence.

Manfredo Marroquí­n, de Acción Ciudadana, señala que continúa con la idea de que la intervención no es una solución, pues considera que el ordenamiento del Renap puede darse por la ví­a normal, y como parte de Mirador Electoral, asociación que reúne siete organizaciones civiles, Marroquí­n indica que esta es la opción más adecuada, pues se pueden obtener los mismos resultados.

«Si el Presidente quiere tomar el riesgo de intervenir el Renap van a haber más ojos puestos en él y en que se den resultados más rápido», dice el consultado. Dicho «riesgo», asegura, es para el mandatario, pues las decisiones recaen sobre él y el costo polí­tico será alto de pagar si no se tienen resultados en corto tiempo.

Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, considera que la intervención debe ser temporal, con parámetros claros de parte del Ejecutivo y, aunque es difí­cil determinar el tiempo que se necesita, este debe ir acorde a los objetivos planteados.

EFICIENCIA Y OBJETIVIDAD

Por su parte, Cadena señala que es importante velar por el nombramiento de personas que garanticen eficiencia y objetividad en la intervención.

El perfil que se esperarí­a para ello es que sean personas independientes y que tengan experiencia para poder reencauzar a la institución y permitir que los derechos polí­ticos y civiles de los guatemaltecos sean restituidos.

Además, Cadena señala que quienes sean nombrados, «si son serios», deben poner de condición para aceptar que la intervención sea acompañada de reformas legales a la Ley del Renap, las que deben ser realizadas cuanto antes.