Japón y Corea del Norte mantendrán un encuentro el miércoles en Hanoi para tratar de dar un primer paso hacia la normalización diplomática, en lo que se anuncia como un diálogo difícil debido al contencioso doloroso sobre los japoneses secuestrados por Pyongyang en los años 70-80.
Este primer cara a cara entre japoneses y norcoreanos desde hace más de un año responde a los esfuerzos de un modesto grupo de trabajo establecido tras el acuerdo multilateral para iniciar el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Corea del Norte, firmado el 13 de febrero en Pekín.
Una serie de conversaciones paralelas tendrán lugar simultáneamente en Nueva York entre Corea del Norte y Estados Unidos.
En virtud del acuerdo de Pekín, el régimen comunista de Pyongyang se comprometió a comenzar a desmantelar su programa nuclear a cambio de una primera ayuda de 50 mil toneladas de combustible en un plazo de 60 días.
Pero Tokio se opone férreamente a levantar las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte ante la ausencia de «progresos tangibles» sobre el secuestro de ciudadanos japoneses secuestrados por Pyongyang en los años 70-80.
El régimen comunista reconoció haber capturado a 13 japoneses durante la Guerra Fría para que formaran a los agentes secretos norcoreanos en materia de cultura y lengua niponas.
Tras haber liberado a cinco de ellos en 2002, Corea del Norte aseguró que todos los demás habían muerto y dio el asunto por cerrado.
Pero a falta de pruebas convincentes, las familias de los secuestrados, apoyadas por el gobierno nipón, siguen pensando que sus allegados están vivos y que los norcoreanos los mantienen presos.
Así, el gobierno nipón conservador de Shinzo Abe se enfrenta a un serio dilema.
Por un lado, Abe, cuya política se asienta sobre una postura intransigente hacia Corea del Norte, es reacio a soltar lastre antes de las elecciones senatoriales del próximo julio, en un momento en que su popularidad no deja de caer.
Pero Tokio también está sometido a una presión internacional creciente para que suavice su posición y no ponga en peligro el proceso de desnuclearización de la península coreana.
«Japón exige que Corea del Norte aporte una solución al asunto de los secuestrados, pero para ésta, el tema ya está concluido. No hay ninguna posibilidad de progreso», señala Masao Okonogi, especialista en Corea del Norte en la Universidad Keio de la capital nipona.
Aun así, destaca que «Tokio se verá obligado algún día a ceder para no encontrarse aislado de la comunidad internacional».
Para la opinión pública nipona, la captura de los japoneses es un tema humanamente doloroso y políticamente sensible.
Hasta ahora, Tokio ha identificado a 17 nacionales como víctimas de secuestros por Corea del Norte, entre ellos, una niña de 13 años, Megumi Yokota, capturada cuando salía de la escuela en 1977.
Sus padres se han convertido en el símbolo nacional de la incesante lucha de las familias que todavía se preguntan sobre el paradero de sus allegados.
El Programa de la ONU para Desarrollo (PNUD) anunció hoy la suspensión de sus operaciones en Corea del Norte tras las acusaciones vertidas por Estados Unidos de malversación de la ayuda en provecho del régimen de Pyongyang.
«A partir del 1 de marzo de 2007, el PNUD no tiene más remedio que suspender sus operaciones en Corea del Norte porque no se dan las condiciones necesarias requeridas el 25 de enero por el Consejo de Dirección», indica el Programa en su página de internet.
El PNUD cesará todos los pagos en divisas fuertes a los empleados locales y no contratará más personal norcoreano pasando por el Gobierno de Pyongyang.
La agencia se reserva la posibilidad de reconsiderar su decisión «en función de las circunstancias», indicó.
En una carta del 16 de enero, un miembro de la misión norteamericana ante la ONU, Mark Wallace, acusó a Corea del Norte de haber «desviado sistemáticamente» desde 1998 y con «la complicidad del PNUD» la ayuda al desarrollo «en beneficio del régimen de Kim Jong-il y no en provecho de la población».
Los fondos del PNUD, constituidos con contribuciones voluntarias de los Estados, se entregan en general a los gobiernos en el marco de la ayuda al desarrollo económico y social.