Marco Antonio Villeda, juez Quinto de Primera Instancia Penal, impuso una fianza de Q3 millones a Napoleón Rojas, ex asesor de seguridad del ex presidente Alfonso Portillo, y también implicado en el desfalco de Q120 millones del Ministerio de la Defensa.
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El juzgador también reformó a Rojas el delito de encubrimiento propio por el de peculado, luego que la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acreditara que este fungió como funcionario durante el gobierno de Portillo.
Semanas atrás, la Sala Tercera de Apelaciones incrementó de Q600 mil a Q1 millón la fianza otorgada por Efraín Najarro, ex contralor de la investigación y removido de su cargo por anomalías en sus resoluciones.
A Rojas se le capturó el 30 de junio pasado y fue, entonces, ligado a proceso por el delito de encubrimiento propio, pese a que la Fiscalía de la CICIG le imputo el de peculado.
Diligencias
Esta mañana, la Fiscalía Especial para la CICIG solicitó al juez contralor del proceso contra Rojas y otros ex funcionarios la autorización para indagar las cuentas de Rojas y de Jacobo Salán, otro de los militares implicados en el desfalco.
Posteriormente, los fiscales solicitaron que Rojas fuera procesado por el delito de peculado, para lo cual acreditó un contrato que el ex militar tenía con el Estado de Guatemala durante el período del gobierno de Portillo.
Villeda autorizó la investigación de las cuentas bancarias de Rojas y Salán, y además, le reformó el delito a peculado como lo solicitó la Fiscalía.
En su última resolución, el juzgador incrementó a Q3 millones la fianza contra Rojas, la cual tendrá que cancelar en las próximas horas del día para evitar ir a prisión.
La Fiscalía de la CICIG sindica al ex militar del traslado de Q30 millones el 5, 6 y 9 de marzo de 2001 hacia el Crédito Hipotecario Nacional, y que son parte de los Q120 millones sustraídos del Ministerio de la Defensa.
Ex funcionarios
Junto a Rojas están procesados, por peculado, el ex ministro de la Defensa Eduardo Arévalo Lacs, el ex ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos y el ex presidente Portillo.
Según las investigaciones de la CICIG Portillo habría autorizado a Maza Castellanos la modificación presupuestaria de manera anómala, la cual permitió el traslado de los fondos de Finanzas al Ministerio de la Defensa. Esas acciones fueron justificadas como «secreto militar», sin embargo, los fondos no ingresaron a las cuentas castrenses sino fueron desviadas a cuentas personales.